Por: Adrián Zapata
Los sectores conservadores se juntan alrededor de dos temas aglutinantes: la defensa de la propiedad privada y de la familia. Y las mafias político criminales, en su intento por ideologizar la lucha contra la corrupción y la impunidad, fortalecen esa sombrilla ideológica.
En primer lugar, me parece que debe denunciarse y evitarse que se establezca esa atadura entre los intereses mafiosos y del crimen organizado con los correspondientes a los sectores conservadores, que tiene un antecedente unificador en la lucha, por cierto muy exitosa, por expulsar a la CICIG del país. Recordemos cuando el actual Presidente del CACIF, ejerciendo su libertad de expresión, vociferaba en contra de ella en la calle donde se ubicaba la Comisión. Tampoco podemos olvidar que en la lucha contra la corrupción y la impunidad se procesó a dirigentes empresariales. Allí surgió una “unión de hecho”, no declarada explícitamente, pero cultivada en la penumbra de los amores prohibidos, entre empresariado y mafias político criminales.
Pero pese a esos amoríos vergonzosos, muchos empresarios han rectificado su conducta y ahora comprenden que en el mediano y largo plazo, la consumación de la cooptación del Estado por los mafiosos y el crimen terminará llevándoselos entre los pies.
Por lo anteriormente dicho, no hay que caer en la trampa que tienden esas mafias al vestirse con un falso traje ideológico conservador, argumentando que la lucha contra la corrupción y la impunidad es tan solo una estrategia de la izquierda, que debe derrotarse uniendo a “tirios y troyanos” (empresarios, religiosos, mafiosos, etc.).
Evidenciada esa convergencia entre conservadores y criminales, procede analizar las banderas levantadas por los primeros, a la que me he referido al principio de esta columna: la defensa de la propiedad privada y de la familia. Ambas reivindicaciones podrían ser válidas, si no se descontextualizaran de la realidad.
Respecto a la primera, es necesario tener presente que no hay derechos absolutos. El propio Director Ejecutivo del CACIF, Roberto Ardón, relacionó la defensa de la propiedad privada con “… una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y la oportunidad de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mejor atención para la inversión y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. Estas declaraciones la dio en relación al Observatorio de la Propiedad, constituido por CACIF, MP, Registro de la Propiedad y CEDECOM, emblemática “alianza público privada” que pretende resolver la problemática agraria por la vía de la represión estatal, sin comprender que la naturaleza estructural de dicha problemática solo se profundizará con esta miope estrategia.
Con relación a la segunda reivindicación conservadora, la defensa de la familia, también comencemos por reconocer que tiene toda la validez del mundo. Pero que en su concreción puede pervertirse, especialmente cuando sirve de pretexto para pretender eliminar derechos humanos básicos, como la lucha de las mujeres contra el oprobioso patriarcado, la de la diversidad sexual o la necesidad de evitar que tantas mujeres mueran por la práctica del aborto clandestino.
Así que el conservadurismo guatemalteco se aglutina y las mafias tienden puentes hacia él, lo cual, sin duda, tendrá como efecto la profundización de la polarización social y la inminente agudización de la conflictividad. Un Pacaya social se avecina por esta vía. Mientras tanto, el crimen organizado avanza.
