Samuel Flores
En el marco del Día Mundial del Agua, la emergencia generada por el COVID-19, así como la contaminación de fuentes hídricas, represión y criminalización, muestra que para el gobierno del partido “VAMOS” y el empresariado, este recurso es una mercancía.
Desde que se registró el primer caso de coronavirus, la escasez de agua entubada en áreas periféricas urbanas, aldeas y comunidades del área rural, se generalizó en momentos que es fundamental para cumplir las medidas sanitarias necesarias para contener el contagio de la pandemia. Millones de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de la tercera edad, tuvieron que hacer gastos y sacrificios para abastecer a sus familias del vital líquido.
El gobernante Alejandro Giammattei incumplió su promesa de campaña de velar por los derechos humanos, pues a 14 meses de haber asumido, su plan de gobierno carece de programas y acciones de adaptación o mitigación que evidencian la vulnerabilidad al cambio climático que afecta ríos, lagos y fuentes hídricas en el país.
Debemos añadir que la voracidad extrema del empresariado ha producido contaminación descomunal en diferentes regiones. Entre los meses de abril a junio 2015, el ecocidio del río la Pasión, Sayaxché, Petén, es una muestra grave de impunidad empresarial y depredación de naturaleza. Se registró la mortandad de cientos de toneladas de peces y la grave afectación del sustento campesino, inutilizando la principal fuente de agua de unas 22 comunidades de la ribera del río, contaminación proveniente de las plantaciones de palma aceitera.
Un ejemplo claro de persecución empresarial-judicial se refleja con el encarcelamiento de Bernardo Caal Xol, defensor del río Cahabón, quien cumple más de 10,800 horas de prisión por haber denunciado ante los tribunales el desvío del río Cahabón, hacia la represa de hidroeléctrica OXEC I y II, y RENACE I, II, III y IV, que provocan el desvío y entubación de las aguas del referido río, y el acaparamiento de agua en las comunidades.
El desvío de ese afluente castiga a la población Q’eqchi’ de 14 municipios, y más de 50 afluentes y cientos de pequeños nacimientos y manantiales que alimentan su caudal y configuran un ecosistema de bosque húmedo nublado de la reserva de la Biosfera Maya.
Un ejemplo más del despojo de tierras y aguas lo provocó la política de “tierra arrazada”, con la masacre de 70 mujeres indígenas y 105 niños de la comunidad Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, ocurrida el 13 de marzo de 1982.
Patrulleros de Autodefensa Civil, PAC, y soldados del ejército, despojaron a los comunitarios de sus tierras y fuentes hídricas arrancándoles su forma de vida y sustento argumentando que eran necesarias para la construcción del gigantesco embalse de la hidroléctrica Chixoy, confluente de los departamentos de Alta, Baja Verapaz, y Quiché.
Las acciones del partido VAMOS, el empresariado, alcaldes y militares violan los derechos humanos de la población anteponiendo el agua como una mercancía, y olvidando que es un bien común de los guatemaltecos.
