Luego de una tajante comunicación proveniente del Departamento de Estado norteamericano, en la que se expresó que continúa la preocupación por la selección que se hizo de los nuevos Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que éstos tienen que ganarse la confianza del público mediante el respeto al Estado de Derecho, la Presidencia atribuyó a la Secretaría de Comunicación del gobierno una declaración en la que dice que el combate a la corrupción “es un compromiso y una prioridad” de Giammattei y que tal actitud no depende de disposiciones ni condicionamientos provenientes del extranjero, sino que se hace porque es lo correcto.
Si fuera un compromiso y una prioridad realmente no habría razón para esa constante preocupación que muestran prácticamente todos los funcionarios de Estados Unidos, empezando por su Presidente que en medio de una de las semanas más críticas de su gobierno encontró tiempo para llamar al gobernante guatemalteco y expresarle precisamente esa preocupación. No fue una llamada de protocolo o cortesía, sino un perentorio llamado que resulta de la tremenda preocupación que provoca el rumbo que lleva nuestro país y las consecuencias que los actos oficiales pueden tener en el aumento del flujo migratorio que ya es alto hacia los Estados Unidos, aparte de que se entiende que aquí estamos abriendo de par en par las puertas al crimen organizado para que se aproveche de las ventajas que ofrece un Estado, cuyas instituciones fueron carcomidas por la corrupción.
La respuesta, que por alguna razón no la pronunció el mismo Giammattei sino que puso a su vocera a dar la cara, es un rotundo rechazo a la actitud de Estados Unidos. Es una forma de decirles cállense ya y dejen de estarse metiendo en lo que no les importa y que no teme ni a las disposiciones ni a los condicionamientos provenientes del extranjero. Y que él seguirá su rumbo tal y como se lo ha marcado el compromiso que tiene con los poderes internos que han jurado asegurar impunidad gracias no sólo al control del Ministerio Público, sino también de todas las Cortes del país.
Lo que parecía desbaratado cuando se presentó la primera parte de la investigación de la FECI que implicó a Gustavo Alejos en el amaño de la elección de las Cortes, ahora tiene vía libre, y en autopista, para consolidar el imperio de la impunidad que favorecerá a los implicados en corrupción, pero también a toda clase de delincuentes lo que convierte a Guatemala en un auténtico paraíso para las mafias y el crimen organizado.
