El expresidente de EE. UU., Donald Trump. citó sus privilegios ejecutivos. Foto La Hora/AP

El fin de semana terminó, como se esperaba, el juicio político a Donald Trump en el que se le sindicó de instigar a la turba terrorista que atacó el edificio del Capitolio para frenar la certificación de las elecciones de Noviembre pasado que dieron el triunfo a Joe Biden. En realidad nunca hubo posibilidad de condenar políticamente a Trump porque los senadores republicanos en su mayoría le tienen mucho miedo al expresidente y saben que sus futuras reelecciones pueden verse afectadas por la influencia que pueda mantener durante las futuras primarias, lo que hizo que no importaran realmente las pruebas abundantes que presentaron los acusadores de la Casa de Representantes ni fuera determinante el argumento de la defensa.

Esencialmente los acusadores hicieron un recuento, bien documentado, de la forma en que Trump fue, desde antes de las elecciones, convenciendo a sus seguidores de que le robarían la elección y cómo les fue orientando a que pelearan y defendieran ese triunfo que únicamente existió en su cabeza. Decenas de impugnaciones y hasta reclamos presentados ante tribunales integrados, en varios casos, por jueces nombrados por el mismo Trump fueron uno a uno rechazados por falta de pruebas pero a pesar de ello se mantuvo la retórica de un fraude que no se pudo probar en ninguna instancia.

El juicio político contra un Presidente procede en caso de la comisión, en el ejercicio del cargo, de un crimen grave o un delito menor pero el argumento de los republicanos fue que al momento de votar Trump ya no era Presidente, o sea que cualquier crimen que cometa un presidente de Estados Unidos en los últimos días de su mandato no se puede juzgar y tendría garantizada impunidad porque no hay tiempo de realizar todo el proceso. Históricamente el juicio político también funciona para otros funcionarios y de hecho se ha aplicado a varios que ya no están en el cargo y se les ha prohibido volver a aspirar a otro cargo público de por vida, lo cual es una de las sanciones dispuestas por la Constitución.

El voto republicano era previsible y estaba cantado, pero la documentación que se hizo para probar la incitación a la violencia fue contundente y no dejó lugar a dudas cómo, desde antes de Noviembre, Trump fue moldeando a esa su base violenta y terrorista para tenerla lista para detener e impedir que el Congreso certificara el resultado de la elección. Corrió sangre y se detuvo temporalmente y de forma criminal el proceso y ahora las pruebas quedan para la Historia.

Redacción La Hora

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