Víctor Ferrigno F.
Ayer el Fondo Monetario Internacional planteó que la segunda oleada de contagios del COVID-19 pone en riesgo la recuperación económica en América Latina, y que ésta se retrasará varios años. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina afirma que para salir de la crisis es necesario articular nuevos pactos sociales para salir de la crisis, impulsando políticas públicas y reformas fiscales concertadas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos concluyó, después de enviar una misión al terreno, que Guatemala requiere un proceso de diálogo nacional para resolver los conflictos sociales y encontrar salidas viables a la pandemia y la exclusión.
El nuevo gobierno de EE. UU., así como varios congresistas y senadores han advertido que harán uso de todas las medidas de presión válidas para frenar la corrupción y la impunidad. Esto implica que la hoja de ruta del pacto de corruptos tiene los días contados, y que necesitamos avanzar hacia una gobernabilidad democrática.
Entendemos la gobernabilidad democrática como la cualidad de una sociedad de estructurarse, social y políticamente, de manera tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver conflictos, en el marco de un sistema de normas y procedimientos democráticos.
La noción de gobernabilidad democrática se funda en, por lo menos, tres componentes básicos: efectividad, representatividad y legitimidad. El primer componente, la efectividad, constituye la capacidad de actuar colectiva y concertadamente para resolver conflictos y dar respuesta a las demandas sociales.
La representatividad se funda en la participación efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones políticas; el tercer componente, la legitimidad, radica en la aceptación y sometimiento de los principales sujetos sociales –y del sistema político en general- a las reglas y procedimientos democráticos.
Las condiciones históricas en que ha vivido Guatemala –y el sistema de exclusión y opresión que lo caracteriza- no ha permitido que se desarrolle una cultura política sólida ni una gobernabilidad democrática, pues hasta ahora ha sido imposible una concertación social incluyente que haga efectiva la gobernabilidad, dando respuesta a las demandas sociales que se han acumulado por siglos.
Además, las decisiones políticas son tomadas por elites, restándole representatividad a la gobernabilidad y, finalmente, la falta de legitimidad ha hecho que la gobernabilidad se asiente en la fuerza de las armas y no en la fortaleza del consenso y la razón.
En el contexto socio-político descrito, los partidos políticos no han jugado, ni juegan, el papel de intermediarios entre la sociedad y el Estado, razón por la cual los sectores sociales se han visto precisados a representarse a sí mismos frente a las instituciones, formulando tanto demandas sociales como propuestas de políticas públicas y de reformas legales para resolverlas.
De tal suerte que, en la construcción de una gobernabilidad democrática efectiva, es necesario establecer un Pacto Social con los movimientos ciudadanos organizados, a fin de consolidar la democracia participativa. Es necesario que los acuerdos políticos a los que se llegue –mediando la participación y la consulta- vayan acompañados de mecanismos de verificación ciudadana.
La tarea no será fácil y requerirá de, por lo menos, tres condiciones: que se funde en planteamientos programáticos nacionales que rebasen los intereses partidarios y sectoriales; que las negociaciones se lleven al más alto nivel; y que tengan un carácter incluyente, con mecanismos efectivos de verificación. La movilización y presión ciudadana serán factores clave para obligar al gobierno, a los partidos políticos y al empresariado a una concertación socio-política que nos permita salir de la crisis. Diálogo o confrontación; usted elige.
