Fernando Mollinedo C.
El “QUINTO REAL” fue un impuesto del 20 por ciento creado por ley, una de las primeras medidas económicas que impuso la corona española a sus colonias y consistió en el pago de la quinta parte del total del botín y de extracciones de metales como oro y plata para la Corona; en las monedas fue marcado como señal que ya se había pagado el impuesto.
Si, parece inaudito que después de casi 500 años, los habitantes de Guatemala, sigamos pagando el quinto real a las autoridades de siempre quienes se convirtieron en casi dueños del territorio nacional mediante el despojo violento o pacífico (composición de tierras) y tributario a la población.
A través de los años, su complicidad con las huestes criollas de comerciantes, terratenientes y sus descendientes, más el montón de religiosos que exigieron el pago de los diezmos, manipularon los esquemas políticos que en alguna medida tuvieron principios de beneficio social.
Ese “Pacto de Corruptos” está vigente desde el descubrimiento de América, la conquista y perduró en las épocas colonial, independiente y contemporánea, teniendo el mismo fin: enriquecerse con el dinero del pago de impuestos cobrados a la población, a quien de una u otra forma la esquilman con políticas tributarias que benefician supuestamente al Estado para que éste a su vez, beneficie a la población en materia de salud, educación y otros rubros para vivir dignamente.
Las autoridades, por medio de la “burocracia” (conjunto de servidores públicos) sin escrúpulos crearon el sistema cultural de la ilegalidad con el auxilio de los versados en leyes quienes han retorcido las mismas en contubernio con las autoridades judiciales para dar “legalidad” a los actos legales pero inmorales de los funcionarios y empleados públicos por medio de la simulación de contratos, plazas fantasmas, negocios lesivos al Estado como la venta de empresas y bienes públicos.
En la Guatemala actual, para la gran mayoría de servidores públicos sigue vigente la cultura de la ilegalidad, al considerar que desempeñar un puesto burocrático es la oportunidad de hacer fortuna mediante el pago de ciertas cuotas establecidas por las mismas autoridades, al facilitar negocios y favores a terceros, con lo cual se institucionalizó de “hecho, no por derecho” el pago de ingreso, mensualidades, bonos y cooperachas para los jefes.
La ausencia del Estado como autoridad dentro del mismo Estado es evidente, es decir que, las autoridades de las instituciones gubernamentales carentes de valores permiten la autoría o ellas mismas realizan actos ilegales por omisión o contubernio, mientras que la población indolente solo mira esa realidad y se lamenta porque sabe que al protestar corre riesgo de persecución penal o muerte.
¿Y ahora quién podrá defendernos? Ninguno. Somos nosotros mismos quienes debemos de tratar de recomponer el sistema con una conducción valiente y decidida de la red pública; la Historia de Guatemala nos muestra esa terrible apatía de la población que se deja imponer disposiciones estúpidas e ilegales por temor a morir. ¿Hasta cuándo viviremos aguantando al Pacto de Corruptos?
