Marco Trejo
El abogado Mynor Moto Morataya, le urge apresurar su nombramiento como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para lo cual ha pasado dos días de plantón en la sede de dicho ente. Se le nota nervioso y sus palabras son aceleradas, tal pareciera que lo presionan para que cumpla con la misión encomendada.
Mi abuela decía no hagas cosas buenas que parezcan malas y en este caso es lo primero que se me vino a la mente. ¿Qué intereses más feroces hay detrás de esta designación?
Pero lo que seguidamente me pongo a pensar: ¿Cómo es posible que un puñado de abogados, pongan en tela de duda, la honorabilidad de 20 mil colegiados? Realmente inconcebible que nadie haga algo y que saque a relucir el honor de su gremio, que se ha visto denigrado, con varias acciones que han cometido para proteger intereses oscuros, en este caso, se ve que urge que Moto Morataya llegue a la CC, por los próximos tres meses que le restan al período 2016-2021.
Es importante señalar que, en las dos fechas de votaciones, únicamente llegaron a votar un poco más de 6 mil profesionales del Derecho, un 10 por ciento del total de abogados que están colegiados en el CANG. Ese dato es muy significativo, porque estos señores, si fueron bien leales a sus convocantes, los datos no mienten de la primera y la segunda vuelta.
Pero como todo este proceso huele muy mal, no se hizo esperar la lluvia de impugnaciones contra dicha elección, las cuales pretenden dejar sin efecto la toma de posesión del jurista Mynor Moto Morataya, quien, por escaso margen, le gano la votación al ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Carlos Estuardo Gálvez Barrios, quién tampoco se salva de los señalamientos de capacidad, idoneidad y honradez.
Incluso Juan Sebastián González, asistente Especial para el presidente Joe Biden y director de Asuntos Hemisféricos para la región en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una entrevista dada al Diario La Hora comenta: “vamos a usar todas las herramientas a nuestra mano para combatir la corrupción, la gente se tiene que dar cuenta que los cuatro años de ignorar la corrupción, bajo la administración Trump, se acabaron, ahora se ha vuelto un tema central en la política de nuestro país”, al hacer referencia a la forma como se ha llevado este proceso.
El primero en accionar contra la elección fue el abogado Alfonso Carrillo, después le siguieron Acción Ciudadana, el Bufete para Pueblos Indígenas, la Asamblea Social y Popular, Alianza por las Reformas y el Ministerio Público (MP), que aducen que el juez Moto Morataya, incumple el artículo 113 constitucional, sobre la honorabilidad, capacidad e idoneidad para el cargo. Pero por lo visto, esos tres adjetivos no importan y pueden más los intereses que la reputación de un ente colegiado que se encuentra en trapos de cucaracha.
Pero como que los amparos no eran suficientes, el Bufete para Pueblos Indígenas, así como la Asamblea Social y Popular, impugnaron a la Junta Directiva del CANG, que trató de limpiarse la cara, pero de una manera muy opaca diciendo que falta que se resuelvan 11 recursos en contra del proceso y dos antejuicios contra el procesional, lo cual ha dejado en los pasillos al designado por el Congreso de la República.
El Ministerio Público (MP), aduce que el Tribunal Electoral del CANG incumplió los plazos establecidos para efectuar la elección y también resaltó que se incumplió con la verificación de méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los participantes. Por su parte, Moto Morataya asegura que todos los señalamientos en su contra son infundados y carentes de veracidad.
Todo este embrollo ha hecho que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price se pronuncie en su cuenta de tuiter: “Seguimos de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrado de la Corte de Constitucionalidad a una persona con serias acusaciones en su contra. Esto incluye acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de compromisos pasados con Gustavo Alejos, a quien el Departamento señaló públicamente por actos corruptos que socavaron el estado de Derecho en Guatemala”, dice textualmente.
Al parecer lo que más le preocupa, a la administración de Joe Biden, es que al ex juez Moto Morataya solo la inmunidad lo salva de estar tras las rejas, lo cual para ellos es una mala señal que no están dispuestos a dejar pasar. Ahora nos preparamos a ver como se resuelve esta “novela” que traerá muchas consecuencias si no cumplen con los plazos legales y se emiten resoluciones sin fundamento y se basan más en los intereses políticos, que en los jurídicos.
