Raúl Molina
Es éste un primer artículo sobre la nueva política migratoria de Estados Unidos. Después de más de seis años de intensa persecución y programas represivos, tanto bajo Obama como bajo Trump, con sus políticas de odio contra las y los migrantes, se abre hoy, con el Presidente Biden, la oportunidad de encontrar vías humanas para regularizar a los millones de connacionales no documentados en ese país. Aún no se ha tocado la forma de atender la migración de quienes no llegaron al territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021; pero, teniendo en cuenta que se ha suspendido la construcción del muro en la frontera mexicana, dicho muro no se extenderá más a Vado Hondo, Guatemala, ni al río Coco en Nicaragua. Hacia el futuro, el nuevo gobierno estadounidense propone una migración regularizada y el desarrollo social y económico de la subregión mesoamericana, para que no exista migración. Una de las primeras medidas de Biden ha sido enviar al Congreso el proyecto de ley de inmigración, “que abre la senda para la legalización de más de 11 millones de indocumentados e incrementa los recursos para el control de la frontera y la ayuda a América Central para lidiar con las causas de la migración” (El Diario/Nueva York). Después de casi veinte años de sostener yo la vinculación entre subdesarrollo y migración, finalmente acepta ese país que sólo el desarrollo desacelerará la migración mesoamericana.
El gobierno guatemalteco anunció que se invitaría a funcionarios estadounidenses a Guatemala, para mostrar que el país necesita el estatus de protección temporal (TPS) para sus migrantes indocumentados, lo cual se ha demostrado después de cada calamidad que nos ha azotado. La invitación llega tarde, porque la iniciativa de Biden contempla: “Un estatus legal temporario para los indocumentados que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021 y tengan una permanencia en el país de por lo menos cinco años, tras lo cual se les otorgará la residencia permanente (tarjeta verde). Tres años más tarde, estos inmigrantes podrán solicitar y obtener la ciudadanía estadounidense”. Quedaría por insistir en un TPS u otra modalidad de protección para quienes no llevan cinco años, con base en informes confiables que demuestren las calamidades que ha vivido el país desde el huracán Mitch, cuando la protección pudo haberse solicitado y no se solicitó por la arrogancia de Arzú. Por ahora, las y los migrantes guatemaltecos y las autoridades del gobierno tienen cien días para aprovechar la nueva situación, ya que se han suspendido las deportaciones sin causa criminal, para replantear la más injusta situación que han vivido las y los migrantes guatemaltecos, ante el abandono de sus gobernantes, particularmente Morales y Giammattei. Éste parece no entender que la política de Biden será distinta y con acto brutal detuvo militarmente la caravana hondureña que ingresó a nuestro territorio. Les volvió a considerar delincuentes, cuando el nuevo mandatario en Washington ha declarado que la palabra “alien” (extraño) queda eliminada y sustituida por “no ciudadano”, para reconocer su condición digna, humana y no criminal.
