Viendo lo que está pasando en el partido UCN de Mario Estrada con relación al narcotráfico, cobra más importancia y relieve lo que está abordando en su columna semanal Roberto Alejos Cámbara, quien fuera miembro de la última constituyente que definió nuestro actual sistema de partidos políticos. Y es que después de una tradición de barreras para la organización ciudadana, impuestas a favor de los partidos tradicionales que llegaron a ser, en su orden de creación, el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido Revolucionario, el Partido Institucional Democrático y Democracia Cristiana, protegidos todos por requisitos que demandaban un alto número de afiliados, el nuevo orden dispuesto redujo tales requisitos y facilitó la inscripción de nuevas entidades de derecho público que pudieran ser el instrumento de la participación ciudadana.
Evidentemente no se pensó que cantidad no es igual que calidad y esa reducción de requisitos dio paso a la proliferación de agrupaciones políticas legalmente reconocidas, teniendo varias elecciones en las que eran más de 20 los partidos participantes y de todos ellos apenas un puñado lograba subsistir brevemente, pero sin que nunca algún partido ganador haya logrado sobrevivir luego del ejercicio del poder.
Guatemala no tiene realmente partidos políticos sino agrupaciones electoreras y con dueño que se convierten en negocio desde el mismo momento de su creación. A pesar de que somos un país totalmente polarizado por los resabios ideológicos que nos dejó la intervención gringa de 1954 y los fenómenos sociales consecuentes, resulta que no tenemos partidos ideológicos que se caractericen por sus principios, valores y propuestas acordes con alguna de las líneas del pensamiento producto de lo que reflejan esas diferentes tendencias.
Y por supuesto que cuando los partidos surgen como negocio, como instrumento para hacer dinero en este mundo de corrupción que vivimos, es natural que no sólo los financistas tradicionales hagan su agosto sino que también lo hagan los miembros del crimen organizado que cada vez más necesitan control de las instituciones, no sólo de seguridad, sino también políticas que van desde el poder local, con alcaldes financiados y electos por el narco, hasta el mismo gobierno nacional en el que el papel de los diputados es muy importante.
La necesidad de una reforma electoral es tan obvia como la necesidad de una reforma al sistema de justicia y ambas tienen que ir a lo profundo de nuestra realidad y para corregir, si es posible, problemas que derivan en el descalabro de un Estado que ha dejado por un lado sus fines esenciales porque se convirtió en el botín de cuanto largo decide meterse a política. Y ya vimos que cuando hay movimientos que piensan de manera distinta y se conforman con gente que se preocupa por Guatemala, toda la institucionalidad se les vuelca encima y hasta impide la participación de sus candidatos.
Sin sistema de justicia y sin una democracia basada en verdaderos partidos políticos, ningún país tiene futuro y esa es nuestra dolorosa realidad. Ojalá que como dijo en su columna José Daniel González, de Jóvenes por la Transparencia, de verdad la juventud se involucre para hacer que éste deje de ser el país de la eterna indiferencia.
