Por Jorge Santos
Una ventana de oportunidad se abre frente a nosotros y nosotras en estos momentos de construcción democrática. Este es sin lugar a dudas un momento cualitativamente distinto al 2015. En aquel entonces la indignación venia acompañada de nuestro asombro de la posibilidad de juzgar a las y los históricamente privilegiados y de constatar las dimensiones de la corrupción y sus impactos en la vida cotidiana. Hoy, esos dos elementos no son una novedad y sabemos perfectamente bien que podemos lograr que sean investigados y perseguidos penalmente y también sabemos las espantosas implicaciones de la corrupción en la vida de las personas. Por lo tanto, ahora de la indignación hemos dado el salto cualitativo al hartazgo y con ello a la plena convicción de que no sólo se trata de renuncias y procesos penales, sino de la urgente necesidad de transformar el sistema.
El actual gobierno encabezado por Giammattei es tan sólo el instrumento, el servil grupo que implementa los deseos y caprichos de una alianza criminal, encabezada por la oligarquía. Es decir, conocemos bien que este gobierno es representativo del proyecto oligárquico militar mafioso y que el mismo ha venido imponiéndose a sangre y fuego. Y es que se hace necesario comprender que este gobierno está consolidando las aspiraciones dictatoriales de esta alianza. Hoy no nos cabe la menor duda, que este proceso de consolidación autoritaria se ha revestido y/o disfrazado de democracia; cada cuatro años asistimos a la fantasía de que podremos elegir a un partido político que sea capaz de transformar nuestra indigna realidad y resulta que este proceso no es más que una mera selección entre quienes la alianza criminal, ya han elegido. De este entendimiento, debe nacer la articulación ciudadana y popular que construirá la fuerza social y el motor para la transformación del Estado guatemalteco.
Este crecimiento de nuestra indignación, desarrollada al hartazgo y de ahí a la rabia justa, nos debe conducir hacia la concreción de una agenda política del cambio, que haga propias las históricas demandas de los Pueblos Indígenas, de la población campesina de poder contar con autonomía, con medios de producción necesarios para el desarrollo de una vida digna, con posibilidades de educarse, estar sanos, de obtener justicia ante los agravios, entre otras garantías. Pero que también, dicha agenda tome e incluya las demandas de las poblaciones urbanas excluidas y marginalizadas a las que les ha sido negadas las posibilidades de desarrollo, de ingreso digno, de vivienda digna, acceso al agua, entre otros muchos derechos humanos.
La plaza o las plazas como representación de la articulación de la ciudadanía debe ser capaz de construir la agenda política de la transformación y cambio, que derroque este Estado racista, excluyente, patriarcal y concentrador de la riqueza y que construya el Estado desde las aspiraciones de las enormes masas de las y los excluidos y las y los oprimidos. Este, por lo tanto, debe ser el momento de los Pueblos y los movimientos.
