Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos Gómez

El principio básico de la división de poderes en cualquier Estado Occidental o Democrático, es que el poder de ese Estado debe dividirse, con el primer y fundamental propósito de proteger al ciudadano, al gobernado o al indefenso, como prefiramos que se nos denomine y evitar de esa manera los abusos de quienes nos gobiernan.
Nuestra Constitución prevé y dispone un completo sistema de pesos y contrapesos. En papel, existe la división de poderes, los controles entre los distintos organismos del Estado y una descripción de funciones y responsabilidades que competen a varios funcionarios de Gobierno, las cuales por imperativo legal deberían de guiar y limitar su actuar.
Por supuesto, del dicho al hecho hay un gran trecho y como estamos cansados de que el sistema no funcione, es bastante lógico que pensemos que lo que hay que hacer es cambiar el sistema, buscando de esa forma atacar el problema de raíz, ante una situación de desesperanza, mejor tirar todo por la borda y buscar rehacer lo andado para retomar el camino.
Cuando se creo la Constitución de 1,985, veníamos de una interminable seguidilla de gobiernos militares, un fraude tras otro y un golpe de estado tras otro que mantenía al país alejado de cualquier concepto democrático y a la mayoría de personas hartas de que las cosas no cambiaran. Finalmente, los mismos militares se dieron cuenta que el asunto iba a reventar y se inició nuestro actual periodo constitucional, naciendo nuestra Constitución vigente que no fue reformada si no hasta que se expulso del país al aprendiz de dictador Serrano Elías en 1,993, luego de otra crisis política.
Las crisis frecuentemente traen cambios y ajustes, sin embargo, eso no sucedió en la actual periodo que inició en 2015, con el estupor que causó que el Presidente y la Vice Presidenta de aquel entonces, encabezaran una banda de delincuentes que saqueaba al Estado. Se originó un movimiento que acabó con el desgobierno de Pérez y Baldetti, pero en lugar de que continuara un ajuste o un cambio para tratar de corregir el rumbo del Estado, acabó en el conformismo, el desinterés y la apatía de la población, la cual, lejos de exigir las reformas necesarias al sistema electoral y de partidos políticos, o al sistema de elección de Cortes, fue conducida a la búsqueda de una reforma constitucional que rápidamente perdió adeptos, simplemente por que hay que reconocer que la mayoría de guatemaltecos desean ajustes, trabajo, que no haya corrupción, efectiva división de poderes, pena y cárcel para quien cometa ilícitos, pero no quieren una reforma integral del Estado.
La mejora constante del sistema constitucional debe de ser un objetivo de todos, la actual clase política que controla los 3 poderes del Estado ya sacó costra luego de relamer sus heridas del 2015. Es una burla para toda la población y el sistema democrático del país que no se elijan Cortes luego de más de un año de atraso, solo por que quieren consolidar su poder. En Guatemala no funciona el principio de división de poderes, por que un poder no se antepone a otro para proteger al ciudadano, aquí todos se alinean para proteger la piñata y en la medida que esa miopía de la clase política no se revierta, nos conduce a todos en una espiral de tensión que cada vez será más peligrosa.
Juan Antonio Mazariegos G.

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