Cuando analizamos la estructura del Pacto de Corruptos es importante encontrar a sus piezas clave, aquellas que se convierten en indispensables para el avance del esfuerzo que se hace ya no sólo para afianzar el modelo de impunidad, sino para ir minando a los grupos sociales e individuos que han asumido papeles protagónicos en la denuncia contra un sistema podrido. Y por supuesto que en los últimos tiempos la atención se la roban Giammattei con su Centro de Gobierno y el impresentable Presidente del Congreso, al punto de que hasta en las ventas de piñatas aparecen listos para ser figura central en el día de la Quema del Diablo.
Pero tenemos que entender quién es la figura central, responsable de que las cosas hayan llegado a donde estamos porque se constituye en la coraza de los actores del Pacto. Por supuesto que me refiero a la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien hay medios que ni siquiera mencionan pese a que ha apañado todos los desmanes cometidos, empezando por los de la violenta represión contra los manifestantes, pero también guardando silencio ante la abierta y descarada desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, no digamos ante el inmisericorde saqueo a que es sometido el país por esa mancuerna de políticos o funcionarios con sus socios contratistas o simplemente financistas.
Un Ministerio Público cumpliendo con sus funciones no podría dejar sin investigación los sucesos que arrancan con el fuego en el Congreso de la República y la orden que da una autoridad policial para que no dejen pasar la motobomba que se dirigía al lugar. Una Fiscalía independiente estaría investigando los acuerdos hechos entre diputados y ministros para llenar de plazas al Ejecutivo como parte de la compra de votos para un presupuesto que era una piñata más grande que las que quemarán el próximo lunes.
No hace falta tener jueces de la impunidad, que son los que estaba seleccionando Gustavo Alejos, si tenemos una Fiscal General que no moverá un dedo para actuar en contra de ninguno de los miembros del célebre y pernicioso Pacto.
Ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se produjo un informe sobre la situación de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y en el mismo se detalla que uno de los puntos críticos es la corrupción, pero que sin la existencia de verdaderos Fiscales independientes que se quieran investigar esos hechos, será imposible contener el sostenido avance de los corruptos que, según el texto, son los causantes de la debilidad del Estado en estos países, lo que se traduce en incapacidad para combatir la pobreza y darle seguridad a los ciudadanos, razones por las que éstos tienen que migrar hacia los Estados Unidos.
Más claro no canta un gallo y el informe es, seguramente, uno de los últimos actos de Eliot Engel, veterano congresista demócrata que no fue reelecto. Pero sin duda que será un interesante llamado de atención para el Departamento de Estado que, a partir de enero, tendrá que lidiar con estos países donde los avances que se habían logrado, entre ellos el de la profesionalización de la Policía y la probada capacidad del Ministerio Público para investigar, fueron sepultados deliberadamente.
