Factor Méndez Doninelli
“Artículo 45. Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.”
-Constitución Política de la República de Guatemala- [1985].
¡Es legítima la resistencia del pueblo, es un derecho constitucional! En la actual coyuntura política por la que atraviesa este país centroamericano están dadas las condiciones que favorecen la acción de resistencia concertada de los pueblos debido a la actuación indecente, opaca y corrupta de altos funcionarios públicos de los tres Poderes, cooptados por mafias criminales que mantienen capturado al Estado para servir intereses personales de corrupción e impunidad y nunca al bien común.
La indignación ciudadana en Guatemala se encendió esta semana cuando la aplanadora oficial de 107 diputados del Congreso Nacional de un total de 160, mediante maniobras sucias, envueltas de opacidad y denuncias de corrupción aprobaron de urgencia nacional el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 que asciende a 99.7 millardos de quetzales en moneda nacional y que disminuye importantes cantidades para combatir el flagelo de la desnutrición infantil, la defensa de los derechos humanos al reducir el monto que corresponde constitucionalmente a la Procuraduría de los Derechos Humanos [PDH], o a la Universidad de San Carlos [USAC] que afectará programas y proyectos educativos y científicos de esa casa de estudios superiores.
¡Basta de indignación, es tiempo de exigir! Reacciones adversas de todo tipo no se han hecho esperar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] expresó preocupación por la reducción de un 16% al presupuesto de la PDH porque, “…limita el trabajo de defensa de los derechos humanos en Guatemala.” La centenaria Asociación de Estudiantes Universitarios [AEU] denuncia que a la USAC le han reducido más de 3.65 millardos. El Organismo Judicial reclama que su presupuesto sufrió un recorte de casi el 50%. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz se pronunció en el mismo sentido del rechazo.
El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras [CACIF] máxima organización de élite empresarial, solicitó al presidente Alejandro Giammattei ejercer el derecho de veto para desautorizar el polémico presupuesto aprobado, sin embargo, el propio Giammattei en cadena nacional anunció su aprobación, pese a que el Vicepresidente Willy Castillo también solicitó al mandatario vetar el Decreto 33-2020.
Descontento e indignación ciudadana crecen. Hasta hoy se han presentado al menos cinco recursos ante instancias judiciales para detener esta acción de los diputados. Organizaciones sociales de todo tipo siguen expresando rechazo a la aprobación del citado presupuesto y exigen anular el Decreto aprobado. Estudiantes universitarios realizan protestas públicas frente al Congreso Nacional, la Policía Nacional Civil [PNC] los reprime y disuelve con gases lacrimógenos. Diferentes colectivos ciudadanos convocan a una concentración pacífica el sábado 21 a partir de las 14:00 en las plazas de las principales ciudades del país.
La crisis política provocada por la aplanadora oficial corrupta en el Congreso Nacional, eleva la conciencia social, aumenta los ánimos ciudadanos y crea temor entre las élites que sienten amenazados sus intereses corporativos individuales y de excesiva ambición. ¡Basta ya de corruptos e impunes infractores de derechos humanos!
