Por Jorge Santos
No pretendo en esta columna de opinión detallar cada una de las acciones que desde diversas fuentes del Organismo Ejecutivo, Legislativo o Judicial se han impulsado para garantizar privilegios a los poderosos o para generar más corrupción o perpetuar la impunidad. Estas ya han sido ampliamente difundidas en las noticias en relación a las últimas acciones impulsadas por el Gobierno de Alejandro Giammattei y su alianza criminal en el Congreso de la República. También es ampliamente conocida la manera criminal en la que se ha manejado la Pandemia de Covid-19 y las implicaciones que esta ha tenido sobre la vida, salud y economía de las guatemaltecas y guatemaltecos. Tampoco me voy a extender en detallar las acciones del Gobierno alrededor de las últimas dos tormentas que han azotado el país. El propósito de esta opinión es aportar a la ruta o a la agenda que debe construirse para transformar este lastre que nos lacera, oprime y vulnera.
En 2015 la ciudadanía guatemalteca se volcó a las calles y en un ejemplo de articulación social y popular inundó las Plazas del país. Durante más de cinco meses, la sociedad guatemalteca fuimos capaz de sostener una amplia y masiva movilización que acompañó e impulsó los procesos de investigación y persecución criminal contra las mafias enquistadas en el Estado. Sin embargo, no fuimos capaces de culminar la construcción de una agenda política de transformación del Estado y sus instituciones; si bien se delinearon algunas rutas o caminos a seguir. La falacia del proceso electoral nos ganó la jugada y con ella se permitió la recomposición de los grupos criminales en el gobierno quienes hoy lideran el enorme retroceso que sufrimos.
Si bien el Gobierno de Jimmy Morales significó un importante retroceso en las aspiraciones de construir un Estado diferente, Alejandro Giammattei consolida los intereses de la élite económica y militar a través de la recomposición de las mafias en el Estado. Ha trabajado para garantizar a élites corruptas y corruptoras, a militares sanguinarios y a narcotraficantes la posibilidad de enriquecerse impunemente del dinero que debiera estar sirviendo al pueblo en sus derechos. De ahí la enorme necesidad que se derroque a esta articulación entre la oligarquía, la élite política enquistada en el Congreso, el Organismo Ejecutivo y Judicial, así como la élite militar que les defiende desde posiciones que debieran estar en manos de población civil para garantizar la seguridad y democracia. Estos tres grupos son como la vieja mafia que empobrece, violenta y saquea a una población afectada por la pobreza, la pandemia y devastadoras tormentas.
Hoy de nuevo estamos a la puerta de retomar la senda iniciada en 2015 y culminar el trabajo que se quedó a medias. Conocemos el valor de lo que nos arrebatan y lo defenderemos en una amplia alianza social y popular, construiremos la agenda política de la transformación del Estado guatemalteco. Lo haremos desde todas las plazas para derrocar los cimientos de corrupción del Estado guatemalteco.
