Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

Nuestro ordenamiento penal vigente, considera como circunstancias agravantes en la comisión de un delito, la premeditación y la alevosía. La primera reflejada cuando se demuestre que los actos externos realizados, revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor; y la segunda, la alevosía, cuando el sujeto comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan a asegurar su ejecución.

Lo ocurrido la noche del pasado martes y la madrugada del día miércoles en el Congreso de la República, cuando menos puede calificarse como un ejercicio de irresponsabilidad colectiva o considerarse como un grave incumplimiento de deberes, cuando los integrantes de ese organismo aprobaron el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio 2021, bajo la modalidad de urgencia nacional, sin que mediara discusión, análisis, debate o responsabilidad alguna, para aprobar un presupuesto de casi 100 mil millones de quetzales, desfinanciado, apoyando en préstamos que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, la cual es uno de las pocos puntos a favor con los que podemos contar como Estado, en medio de un periodo de incertidumbre que se avecina para todos los países del mundo, en virtud de la pandemia de Covid 19.

Para nadie es un secreto la incapacidad del Gobierno como ejecutor de obra, basta revisar el presupuesto del presente año que se vio incrementado por toda la deuda que adquirió el país con motivo de la pandemia y que a la fecha no se ha ejecutado, ni se va a ejecutar. Aún así, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas recibe miles de millones de quetzales en el nuevo presupuesto, adornada como una aparente estrategia de reactivación, cuando hace unas semanas se localizaron 122 millones de quetzales en una caleta, escondidos en maletas, una de las cuales tenía aún la identificación de que había sido utilizada en un viaje por el ex Ministro de esa misma cartera, Benito, actual prófugo de la justicia, quien obviamente no lo heredó ni lo ganó honradamente.

Por supuesto alguien aún podría pensar, pobres diputados, ellos solo piensan en el país y no se han enterado que gallina que come huevo no se compone. No nos hagamos, la banda se organizó para hacer negocio y buscar quedarse con el vuelto, la comisión, la utilidad, los salarios, la obra y el diseño, si total, como nos ilustró el actual ministro de finanzas, pela.

Para que se de un delito y se pueda calificar la existencia o no de los agravantes que mencioné anteriormente, debe existir una víctima, para el caso somos todos, cada uno de nosotros y los que aún no han nacido, deberemos de pagar el despilfarro, la insensatez, la malversación y la preparación del robo de los recursos del Estado que se fraguó la noche del martes. Hay que dejar de ser cómplices.

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