Carlos Figueroa Ibarra
Como es sabido el sábado 21 de noviembre Guatemala presenció el inicio de una nueva etapa de la lucha contra la corrupción en el Estado. El malestar creciente desde el momento en el que una mayoría de diputados aprobaron el presupuesto de la nación 2021 en la madrugada del 18 de noviembre, se manifestó con la concentración pacífica de ese sábado. También con los disturbios que culminaron con la penetración por un grupo de manifestantes de las instalaciones del Congreso de la República y el incendio de parte del edificio. ¿Hubo provocación en este acto? Cualquiera que sea el caso, el hecho cierto es que si hubo provocadores, estos nada más atizaron un grave descontento fraguado desde las grandes manifestaciones de 2015 las cuales culminaron con el encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y de buena parte de su gobierno. Con ese fantasma en el recuerdo, diputados y gobierno han cancelado el infame presupuesto.
Los dos gobiernos que emergidos del voto sucedieron a Otto Pérez Molina (2012-2016) enarbolaron honestidad y compromiso con los necesitados. Jimmy Morales (2016-2020) dijo que no era “ni corrupto ni ladrón” y terminó siendo un corrupto más e instrumento ultraderechista que defenestró a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU). Esta instancia era necesaria ante la existencia de un Estado fallido como el guatemalteco. Alejandro Giammattei, en su toma de posesión en enero de 2020, se rasgó las vestiduras mencionando al lacerante problema de la desnutrición infantil en Guatemala. Tenía que hacerlo: la oficial de nutrición de la UNICEF en Guatemala dijo que el 49.8% de los niños en Guatemala tenía desnutrición crónica y ubicó al país en el sexto lugar mundial en cuanto a desnutrición infantil.
El fallido presupuesto 2020 aprobado al vapor por la aplanadora en el Congreso, eliminó los 200 millones de quetzales (1 dólar=7.79 quetzales) destinados a combatir el hambre y destinó la misma cantidad de dinero a la construcción de un nuevo edificio para el poder legislativo. Se recetó un aumento de 500 mil quetzales para alimentos de los diputados y 4 millones más para comprarles autos. Destinó el 10% del presupuesto de 99,700 millones de quetzales al corrupto Ministerio de Construcción, Infraestructura y Vivienda cuando buena parte de las constructoras que contrata están relacionadas con los diputados venales. Aumentó el monto de dinero al seguro escolar privado y al Centro de Gobierno, instancia dirigida por el alegado compañero sentimental de Giammattei. Redujo en plena pandemia 750 millones de quetzales el presupuesto para hospitales y centros de salud y disminuyó el monto destinado al poder judicial y a la Procuraduría de Derechos Humanos.
El vicepresidente Guillermo Castillo ha propuesto su renuncia junto a la del presidente Giammattei evidenciando con ello la magnitud de la crisis. Cualquiera que sea el resultado de esta erupción de descontento popular y pluriclasista, resulta evidente que el actual gobierno no es sino la continuidad en un Estado cooptado por el crimen organizado y la corrupción. Por tanto, con una severa insensibilidad social.
