Emilio Matta Saravia
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En este mes de octubre, cuando el presidente Giammattei presenta un plan de desarrollo para los próximos 10 años elaborado en conjunto con la iniciativa privada organizada y una firma internacional de consultores y además va a solicitar al Congreso para solicitar que le aprueben un presupuesto de casi Q 100 mil millones de quetzales para supuestamente reactivar la economía del pais, se descubre una caleta en una lujosa residencia de Antigua Guatemala con Q 122 millones provenientes de coimas (mordidas) que presuntamente recibió el exministro de comunicaciones Jose Luis Benito y encima de todo se destapa el escándalo de una transferencia de fondos en la Dirección General de Caminos de Q 135 millones que el propio director de dicha dependencia desconocía y hasta dijo que le podían haber falsificado la firma, para que luego salgan al paso el ministro del ramo y el de finanzas indicando que eran una reasignación presupuestaria.
Personalmente me indigna y me enoja sobremanera el cinismo con el que los funcionarios públicos nos traten de dar atol con el dedo con la cantaleta de la “transparencia”, cuando todos los gobiernos que hemos tenido han sido corruptos; el sucesor siempre ha sido peor que su antecesor. Si no, estimado lector, pregúntele al prófugo exministro de comunicaciones del bufón que se vendió como “ni corrupto ni ladrón” cómo fue que llegó a amasar Q 122 millones (lo que se sabe hasta el día de hoy) con su sueldo de ministro. Ni Gauss descifra esa ecuación.
Mientras exista corrupción, no habrá desarrollo en Guatemala. Sin importar quién nos gobierne o con cuántos recursos se cuente, es un hecho que la corrupción, es decir, el saqueo del erario por parte de funcionarios públicos en colusión con empresarios y particulares no va a permitir que se den las condiciones para que el pais pueda despegar económicamente y que dicho despegue abarque a la gran mayoría de la sociedad. Y la principal razón por la que existe tanta corrupción en Guatemala es la falta de mecanismos de control, de entidades independientes que ejerzan dicho control y la ausencia de rendición de cuentas de quienes saquean los recursos del Estado. Hay que tener claro que una “comisión presidencial” dizque contra la corrupción no es un órgano independiente, ya que, como su nombre lo indica, depende de la presidencia y sus intereses particulares.
Se ha calculado que en países como Guatemala el impacto de la corrupción puede estar entre el 20% y el 25% del Presupuesto General de la Nación, es decir, que para el próximo año, si se aprueba el presupuesto presentado por el Ejecutivo, podríamos estimar entre 20 y 25 mil millones de Quetzales dilapidados o encaletados, por una corrupción rampante y que no se detiene, por mucho que nos traten de vender el socorrido discurso de la “transparencia”, para intentar soslayar el delicado tema de las “reasignaciones presupuestarias” de la Dirección General de Caminos.
¿Vamos a seguir aguantando los desmanes de los actores de la corrupción? ¿Seguiremos tolerando funcionarios públicos cínicos? ¿Seguiremos quejándonos y padeciendo de indefensión?
De nosotros, y solo nosotros, depende que las cosas sigan igual o que cambien.
