Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

Al momento en que han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos o Europa, Facebook, Twitter y otras redes sociales, se han resguardado en múltiples ocasiones, al amparo de que son solamente plataformas digitales, carentes de opinión propia, en las que, las personas o usuarios publican sus propios contenidos y por lo tanto, ellos, como simples portales no tienen responsabilidad sobre el contenido de esas publicaciones, pues esa responsabilidad recae únicamente en quien las crea y/o las publica.

A raíz de esta actitud, propia de un supermercado, (yo solo alquilo mis góndolas y que cada quien exhiba lo que le apetezca), se metieron en serios problemas con las ya famosas Fake News o noticias falsas, dado que se aducía que no practicaban ningún tipo de control y esto se prestaba para que la gente publicara contenido que influenciaba a otros, sin que mediara una supervisión, sobre la verdad o no, del contenido y a raíz de esto crearon sus propios mecanismos de supervisión o verificación de información.

La semana pasada en Estados Unidos, el New York Post, un diario con más de 200 años de antigüedad y un medio respetado dentro de los medios noticiosos de ese país, publicó un reportaje donde se señalaba a Joe Biden, candidato del partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos de haber participado, junto a su hijo Hunter, en una serie de actos que podrían considerarse, cuando menos tráfico de influencias entre Ucrania y EE. UU., cuando Biden era Vicepresidente, durante el gobierno de Barak Obama y donde su hijo, hasta donde se sabe, un experto en no se que, fue contratado como asesor del gobierno Ucraniano.

El artículo en cuestión llego a las redes sociales y la campaña del Partido Republicano trató de difundirlo en sus medios, en ese momento Twitter y Facebook impidieron la publicación o la restringieron, poniendo en entredicho la imparcialidad de las redes sociales, sin importar que en este caso, la fuente era uno de los diarios más antiguos y respetados de Estados Unidos. “Esto es parte de nuestro proceso estándar para reducir la difusión de desinformación”, indicó el vocero de Facebook, Andy Stone. Twitter, por su parte dijo que estaba limitando la difusión del artículo porque había cuestionamientos sobre “el origen de los materiales” utilizados en el mismo.

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos determina que “El Congreso no legislará….; ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la prensa;…”, en una clara prohibición para que pueda emitirse legislación que censure la libertad de expresión. En el caso que nos ocupa, no es el Gobierno, si no los “departamentos de control o veracidad” de las plataformas o redes sociales las que nos hacen el favor de decidir que podemos leer o no, que es verdad y que no. Como diría Don Quijote, “oh memoria, enemiga mortal de mi descanso”, parece censura y es censura, solo que no aplicada por el Gobierno si no por empresas que cotizan en bolsa, tienen afinidad política con un candidato y deciden que leerás mañana.

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