Luis Fernando Bermejo Quiñónez

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Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
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Recientemente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tuvo noticias de una “caleta” de dinero en efectivo presuntamente proveniente de pagos de sobornos a funcionarios de un gobierno anterior. Al obtener la orden de allanamiento e ingresar al mismo los fiscales encontraron de “inquilino” del inmueble a las “módicas” sumas de Q 84,774,100 más USD$ 4,717,395 más € 95,950, la cual suman en total, en quetzales, aproximadamente Q 122,351,456.60. En noticias de ayer se conoció que se presume que el dinero pertenece al ex Ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y se giró orden de captura en su contra.
El hallazgo de semejante cantidad de dinero en maletas en una residencia privada nuevamente pone en la palestra que el “aceite” de la corrupción en Guatemala, con el cual se mueven los engranajes más siniestros de la política es, precisamente, el efectivo, y en particular, los billetes de alta denominación de doscientos quetzales (Q 200.00). Es casi un adagio popular que los billetes de Q 200 únicamente se encuentran en las “caletas de los corruptos” y que encontrarse con uno en la calle es un evento raro. Ahora bien, ¿qué se puede hacer sobre esto?

El famoso economista Kenneth Rogoff en su libro The Curse of Cash (La Maldición del Efectivo) describe que el dinero en efectivo es “esencial” para muchos males sociales, como lo son la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el tráfico de drogas y de órganos, la inmigración ilegal y el consecuente lavado de dinero de dichas actividades. En su libro Rogoff plantea persuasivamente la necesidad de los Estados de gradualmente sacar de circulación o desmonetizar los billetes de alta denominación para volver extremadamente oneroso a las redes criminales de manejar el efectivo en sus transacciones y para obtener mayor transparencia fiscal y elevar la recaudación fiscal, coadyuvar a bancarizar las sociedades e incluso volver más efectiva la política monetaria de los países en tiempos de crisis.

La India bajo el mandato de Narendra Modi emprendió un interesante experimento de la vida real sobre desmonetización al decretar de forma sorpresiva en una conferencia de prensa televisada no programada a las 8 PM del 8 de noviembre de 2016 que los billetes 500 y 1000 rupias ya no serían válidos a partir de dicho día y que debían ser cambiados con límites diarios dispuestos o bien depositados en cuentas bancarias propias. Por fiat de gobierno el 86% de la moneda circulante del país dejó de ser válida. Para lograr que la medida fuere sorpresiva, el Banco Central de la India no había impreso suficiente circulante para poder hacer frente a la súbita y masiva necesidad de cambiar la moneda y la comunicación política de la misma fue mal manejada. La medida, dada su envergadura y por su apresurada implementación, tuvo un efecto muy pernicioso en la economía de la India en el corto plazo y la mayoría de economistas, incluso Gita Gopinath, la economista de más alto rango del FMI, han criticado la medida como fue implementada por sus efectos de corto plazo, aunque reconocen que sus efectos de largo plazo deben ser analizados de forma más pausada a lo largo de los años.

Tanto los argumentos de Rogoff como la experiencia de la India deberían ser de mucha utilidad para los políticos en Guatemala que quieran combatir el lavado de dinero y la economía subterránea en general, incluso como un instrumento de formalización de la actividad económica. Según cifras obtenidas del Banguat, al 31 de octubre 2018 los billetes de Q 200 correspondían únicamente Q 4,585.40 millones de los Q 38,102 millones de billetes en circulación, equivalentes al 12% del total del medio circulante y únicamente el 3% del total de los billetes emitidos y en circulación en todas las denominaciones. Por lo tanto, la medida de desmonetizar los billetes de Q 200 por cambio de diseño o por eliminar la denominación para convertirlos en de Q 100 no tendría la envergadura de la medida en la India ya que únicamente afectaría el 12% no el 86% del circulante. El efecto “paralizador” pudiese ser no exista si correctamente implementada y comunicada. La medida pudiere coadyuvar a “desenterrar” dinero sucio que está encaletado o bien financiando la corrupción y ayudar en la recaudación tributaria que tanto se necesita ahora. Esta coyuntura no debería perderse para analizar si es viable una medida de este tipo y si lo es para diseñarla correctamente para implementarla y que logre su cometido.

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