Juan José Narciso Chúa
Colegas columnistas como Edgar Gutiérrez y Phillip Chicola han abordado recientemente la preocupación que persiste en términos que nos encontramos muy cerca de convertirnos en un Estado narco, situación que, sin duda, amerita ponerlo en la primera plana de noticias y análisis de investigación, pero lo más preocupante es que el bloque en el poder, no sólo se niega a que ello está ocurriendo, sino además se hace de la vista gorda.
La problemática provocada con la falta de elección de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Apelaciones es una muestra palpable de la irresponsabilidad con la que los grupos que se vinculan al Pacto de Corruptos han generado una profunda crisis en la justicia, puesto que acá se puede observar abiertamente, cómo se pretende cooptar las instituciones de justicia, pero lo peor también, es que ante la mirada de los propios jueces y aún más de la actual Corte Suprema de Justicia, quienes también hacen caso omiso de dicha situación.
El actual Gobierno y sus funcionarios hacen eco también de esta cuestión, pero también, desafortunadamente, voltean a otro lado e incluso sonríen como sabiendo que están haciendo una travesura infantil, pero en realidad están carcomiendo la poca institucionalidad existente, creyendo que la repetición de un esquema que se venía dando poco a poco, pero que es conveniente para mantener el sistema actual de repartición absurda de los recursos del erario nacional.
Los alcaldes han jugado con este esquema todo el tiempo. Una situación que, hasta ahora, les ha prodigado mantener el poder -muchos alcaldes se han reelecto en un continuum interminable-, pero bajo esquemas de facilitar a grupos su funcionamiento y operaciones, pero también se han beneficiado de esta situación. Uno de los focos claves para iniciar un proceso de limpieza, creo que justamente se encuentra en este punto.
Las élites o grupos representantes de ellas, también han omitido plantarse en contra de esta situación que nos va a afectar a todos. No es ético permitir la destrucción de un país, anteponiendo los intereses, manteniendo un Estado débil y moviendo sus alfiles en los distintos puestos, sin propiciar cambios fundamentales en la gestión del Estado, además de construir un Estado, algo que se ha quedado postergado, hacerse de la vista gorda de la destrucción paulatina de nuestra sociedad, es irresponsable.
En el caso de los diputados, es bien conocido que muchos de ellos participan también de esta destrucción paulatina del Estado y sus instituciones y juegan en ese marco. Las declaraciones absurdas del actual presidente del congreso, es una muestra palpable de la falta de ética, pero además del desconocimiento total del papel vergonzante que está haciendo en ese puesto y dirigiendo ese organismo.
La justicia está enjaulada, ya lo he mencionado en anteriores columnas, pero también lo está el Congreso de la República, los organismos del Ejecutivo, puesto que mantener el funcionamiento de una institución que hace hoyos por todos lados, porosa a los grupos criminales, sin capacidad de inducir o de provocar efectos disruptivos en el tejido social, como se supone que debe hacer un Estado decente y fuerte, es una irresponsabilidad gigantesca y que nos conduce poco a poco al despeñadero.
