Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Oscar Clemente Marroquín
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La politización de la justicia no es un hecho aislado ni ocurre solo en los países con instituciones menos fuertes y corruptas. Estamos viendo en Estados Unidos la forma en que se realiza la designación de una persona para sustituir, de por vida, a la recién fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia. Mientras que a Obama el Senado le impidió durante casi un año que pudiera realizarse audiencia para su nominado porque ya venían las elecciones, en esta ocasión la velocidad es pasmosa, pero más que eso hay que decir que el sistema allá permite que cada presidente proponga jueces (proponer es facultad presidencial y elegirlos es facultad del Senado) acordes con su propia línea ideológica y hoy el escrutinio de Amy Coney Barrett se enfoca en temas como el del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la continuidad del programa de salud conocido como Obamacare.

El partido que tiene la presidencia y tiene mayoría en el senado puede imponer jueces no sólo en la Corte Suprema de Justicia sino jueces federales que tengan afinidad con la línea del presidente y de la mayoría de senadores en cuestiones polémicas como pueden ser hasta los resultados electorales, la facilidad o dificultad para ejercer el sufragio universal y los temas recurrentes mencionados en el párrafo anterior.

En otras palabras, ocurre politización de la justicia, aunque es importante hacer una notoria diferencia. No es lo mismo que un juez se someta al interrogatorio severo, a veces hasta grosero, de los senadores para demostrar su idoneidad para el ejercicio del cargo a que los jueces se tengan que llegar a sentar en una modesta silla en el hospital-celda de Gustavo Alejos para ser sometido a otro tipo de interrogatorio en el que no se indaga sobre sus pasado ni sobre sus conocimientos de la Constitución y las leyes, sino que se indaga sobre si están dispuestos a comprometerse para garantizar impunidad, especialmente a los sindicados de delitos de corrupción.

En otras palabras, podemos hablar de que hay distintas formas de politización de la justicia. Y es que la política es parte de la vida en sociedad y así como la justicia no es ajena a la política, resulta que la política no debe ser tampoco ajena a la justicia como pretenden los diputados que controla Gustavo Alejos y que encabeza el mismo presidente del Congreso en Guatemala. La política se adueña de la justicia cuando ocurren casos como el del diputado Felipe Alejos que tiene en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país a sus mejores defensores, mucho más útiles que los mejores abogados que pudiera conseguir en el mercado.

En Estados Unidos se nombran jueces bajo influencia política por los temas que forman parte de la agenda esencial de cada partido, pero aún así hay un escrutinio que obliga a que los postulados sean personas sin tacha en su ejercicio profesional y en la ética de vida porque de descubrirles algo, su nombramiento se hace cuesta arriba, cuando no imposible.

Aquí, en cambio, mientras más tachas y falta de ética tenga el postulado, más fácil que pase a la lista de Alejos que tiene la garantía del voto en el Congreso. No son ideologías y principios lo que cuenta, sino componendas y disposición a nadar en la porquería.

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