David Barrientos
Nuestro país empieza a caracterizarse por la aplicación de la ley y por la vigencia de la justicia. Cuánta paz social y cuántos conflictos y controversias se hubiesen evitado y cuánto beneficio económico social hubiésemos logrado si tan solo la ley y la justicia fuesen una marca inseparable de nuestra historia. Un ejemplo de ellos es la captura del dirigente de estructuras al margen de la ley que se hace llamar Cesar Montes, quien ha promovido invasiones a la propiedad privada y que ahora enfrenta un proceso penal, ojalá la justicia sea implacable en este caso.
El asunto se vuelve dramático cuando es el mismo Estado, las entidades autónomas o las municipalidades las que violan la ley. ¿Por qué mejor no respetar la ley? La ilegalidad se ha dado cuando se autoriza la construcción o el desarrollo de obras públicas en propiedades que no son de su pertenencia y que claramente se encuentran inscritas a nombre de particulares. Las consecuencias han sido nefastas porque, por un lado, se han perdido cientos de millones del erario nacional por las sumas millonarias que en indemnizaciones se ha tenido que pagar a los legítimos propietarios y otras consecuencias hasta penales para los funcionarios.
El caso del Complejo Deportivo de Jutiapa que hace muchos años un gobierno autorizó construir en una finca privada, es emblemático y demuestra el enorme daño que se hace a la población y los contribuyentes cuando se construye en propiedad ajena ya que los tribunales de justicia han dado la razón a los propietarios y el Estado debe pagar sumas millonarias en indemnizaciones. ¿Es esto necesario? Recientemente se rumoró que el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa para enfrentar la actual pandemia había sido construido en propiedad privada, al final la industria azucarera donó tal propiedad al Estado con lo que seguramente se evitarán futuros litigios. Otro caso que sienta precedente es el de Fray Bartolomé de las Casas, donde prevaleció el respeto a la ley. Así podríamos citar otros casos en que el propio Estado ha irrespetado la legalidad lesionando entre otros el derecho a la propiedad privada que protege la Constitución. Si no se respeta la ley no hay futuro y si quien viola la ley es El Estado y sus entes, entre ellos las municipalidades, se lesiona gravemente el Estado de Derecho y los funcionarios que avalan o promueven tales acciones al margen de la ley se ponen en riesgo de enfrentar cargos penales.
En la actualidad instituciones del Estado gestionan un millonario crédito con la municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz; donde pretenden impulsar un proyecto en propiedad privada debidamente registrada, sin reparar que las consecuencias son impredecibles, en lo institucional y personal, al violentar el derecho a la propiedad privada; tristemente este bello municipio se ha administrado desde la ilegalidad y la corrupción; un exalcalde preso, una exalcaldesa pendiente de enfrentar cargos penales y la administración actual que se conduce por el mismo sendero de la ilegalidad, la usurpación y malversación, según se rumora alentados por funcionarios de la Contraloría General de Cuentas y el INFOM.
