Con motivo de la discusión de la reforma a la Ley de Zonas Francas, para incluir actividades que habían quedado al margen, se habla mucho de la necesidad de ofrecer incentivos fiscales para que los inversionistas extranjeros se decidan a traer sus capitales a Guatemala, generando empleos que permitan a muchos trabajadores elevar su calidad de vida. Todo esfuerzo que se hace por atraer inversión extranjera es bueno y debe ser respaldado, pero es absolutamente necesario entender que mientras no nos ocupemos de lo esencial, es decir el fortalecimiento del Estado de Derecho y la correcta aplicación de la ley, lo que haremos es atraer capitales piratas, de esos que andan buscando paraísos fiscales o legales donde pueden actuar al margen de la ley. La Terminal de Contenedores de Barcelona es quizá el ejemplo más paradigmático de las inversiones que llegan atraídas por ese imperio de la corrupción y la impunidad.
Lo que el país requiere son inversionistas que se sientan cómodos en un país donde sus derechos, obtenidos en buena lid, serán siempre respetados y donde no tendrán la competencia desleal de quien está dispuesto a pagar más elevados sobornos, pero eso es imposible mientras mantengamos un régimen de justicia cooptado por las mafias para garantizar que siempre se pueda encontrar una “salida legal” para cualquier arbitrariedad o barrabasada.
En Guatemala estamos tan mal que llegamos a consagrar como un derecho lo que se adquirió a base de mordidas y criticamos a la autoridad que cuestiona esos “derechos” o los revoca con resoluciones judiciales. En un país así, obviamente se sienten cómodos los piratas y los trinqueteros que saben que pueden venir a hacer lo que les venga en gana porque todo se arregla con algunos fajos de billetes puestos sobre la mesa del funcionario adecuado. Sea para incrementar privilegios o para imponer sus propias normas laborales, esos inversionistas son más atraídos por un paraíso de la corrupción que por los incentivos fiscales.
No deja de llamar la atención cómo persiste el esfuerzo por cooptar toda la justicia. Ahora los que han apañado la falta de integración de las otras Cortes, llaman a que se integre la Corte de Constitucionalidad para llenar dos vacantes, sin duda seguros de que los nominadores recurrirán a las listas de Gustavo Alejos para eliminar la molestia de una CC que no se pliega a sus intereses de impunidad.
No debemos volver a esa normalidad que significa el imperio del soborno como acto generador de derechos porque eso nos prostituye más pero, por nuestra gran indiferencia, en esa ruta vamos.
