Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando vi el titular de la información pensé que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, al analizar los Estados de Excepción que suspenden la vigencia de elementales garantías constitucionales se centrarían en el tema del necesario respeto a la libertad y derechos garantizados por la Constitución. En realidad era un análisis de los resultados de lo ocurrido con cada uno de los decretos dictados por el actual gobierno que en breve período dispuso recurrir a la Ley de Orden Público para, según ellos, controlar la criminalidad en varias partes del territorio nacional.
Por supuesto que el resultado, desde el punto de vista de los resultados, no justifica lo hecho por el régimen de Giammattei porque en los lugares donde se actuó de esa forma no se puede ver un impacto significativo en la reducción de la criminalidad, especialmente cuando se esgrimió como causa el papel protagónico que en varias regiones tiene el narcotráfico al que los Estados de Sitio no le hacen ni cosquillas.
El punto esencial, desde mi punto de vista, es el anacronismo que representa la vigencia de la Ley de Orden Público en Guatemala porque se trata de un instrumento de carácter represivo que supone establecer el orden mediante la supresión de los derechos y garantías que establece nuestra ley fundamental. Y digo anacronismo porque es producto de las viejas dictaduras represivas que necesitaban de mayor capacidad de maniobra para sojuzgar a los pueblos, mientras que en las sociedades y democracias modernas se entiende que para garantizar el orden y la paz no hace falta la brutal represión que se permite en esos Estados de Excepción cuando hasta se puede mantener presa a una persona sin necesidad de orden de juez ni necesidad de que sea consignada a los tribunales.
Lo expuesto por el CIEN es un complemento, un agregado, a las críticas severas que se le pueden hacer a esa terquedad de recurrir a la vetusta y represiva Ley de Orden Público con tanta facilidad. Lo que necesitamos es más y permanente respeto a los derechos de los habitantes de la República, mismos que están garantizados por la Constitución que los define clara y expresamente, pero que pueden ser “suspendidos” por un decreto presidencial avalado por el Congreso de la República.
Siento que es necesario que en el país entremos en un serio debate sobre el concepto de orden público y políticas para garantizarlo porque no puede ser que el mismo dependa, finalmente, de la suspensión de los derechos y garantías constitucionales. En ningún país democrático del mundo ocurre así, aunque en los últimos meses hemos visto cómo la nación que se presenta como modelo democrático ante todos, Estados Unidos, está recurriendo con agentes federales a prácticas tan parecidas a las del Estado de Sitio para combatir las protestas que se dan en el marco del necesario respeto a la vida de la población de color.
Mejor sería que nos preocupáramos por tener un fuerte e independiente sistema de justicia que por persistir ese principio dictatorial de que el orden público se logra eliminando las garantías constitucionales.
