Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Tras una denuncia sobre la posible conspiración para desbaratar el sistema de compras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el caso fue trasladado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que inició la correspondiente investigación criminal de acuerdo a sus competencias y dentro de las acciones tomadas se pidió información a la Presidencia sobre el trámite de un oficio enviado desde el Congreso de la República. Se trata de una investigación penal en la que se tienen que cumplir plazos y el agente de la FECI que hizo el requerimiento lo realizó de conformidad con las prácticas normales en ese tipo de casos en los que se fijan términos y se citan leyes para justificar los requerimientos. No hay nada en la ley de que esos plazos no corren para el Presidente o para funcionarios de la Presidencia.
La Secretaría General de la Presidencia simple y llanamente los mandó por un tubo y de allí que se reiterara la solicitud en términos más perentorios, como debía de ser. Súbitamente el caso es analizado por “asesores” de la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, y sin duda tomando en cuenta las melosas expresiones del Presidente Giammattei cuando la llamó su “gran amiga”, reprendieron a la FECI por no usar “un tono cordial atendiendo la alta investidura del gobernante”. Pero eso no fue todo, puesto que lo peor es que le arrebataron el caso, en el que ya había abundantes avances, para pasarlo a una Fiscalía de Crímenes Transnacionales cuya eficacia hasta la fecha nadie conoce.
El tema es que el Ministerio Público y sus fiscales no son encargados de relaciones públicas y en ningún lado aparece que sus investigaciones tengan que realizarse con cordialidad. Si un funcionario incumple con requerimientos precisos y fundados de una Fiscalía, lo procedente es exigir la aplicación de la ley y eso justamente fue lo que hizo la FECI y lo que molestó a Consuelo Porras, sin duda porque estaban molestando con algo más que el pétalo de una rosa a su íntimo amigo.
Y en muestra de total compadrazgo, que implica taparse todos con la misma chamarra, aniquiló la investigación pasándola a una fiscalía que ni huele ni hiede.
Debemos preguntarnos qué hubiera pasado si cuando la CICIG hizo la investigación del caso la Línea la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, dispone que el MP no se metía en el asunto porque no se estaba siendo cordial con la Vicepresidenta Baldetti. No digamos cuando el caso alcanzó al mismo Presidente Otto Pérez Molina. Los avances contra la corrupción nunca hubieran existido. Pero ahora, tras lo actuado por el Ministerio Público, podemos asegurar sin espacio para duda alguna, que cualquier investigación que pudiera alcanzar al Presidente o a su Secretaria General, sin duda terminará refundida en una oscura fiscalía para que duerma el sueño de los justos.
El que nada debe nada teme, reza el dicho, pero en el caso de las compras de medicamentos del IGSS sin duda que hay mucha tela que cortar. Al fin y al cabo al ahorrarle al IGSS alrededor de dos mil millones de quetzales, alguien salió perdiendo y recordemos también que muchas son las veces en las que el que pierde arrebata.
