Juan José Narciso Chúa
La actual pandemia del COVID 19 ha mostrado las grandes carencias que tenemos como sociedad, sumado a un Estado débil y con poca capacidad de visualizar el futuro. Los gobiernos, incluido el actual, únicamente buscan mantener la situación estable, pero sin anclar nuevas oportunidades que implican cambios radicales en Educación y Salud, que conlleven a la construcción de una nueva arquitectura institucional que efectivamente responda a las demandas crecientes y constantes para el empleo.
Pero igual, habría que empezar por propiciar cambios radicales en la conducción del Estado. El momento actual ha demostrado que existe un grupo de personas que únicamente buscan mantener postrado al Estado en función de sus propios intereses y este pequeño círculo, hoy es el llamado Pacto de Corruptos.
Pero este grupo no es nuevo, ya existía posiblemente, no se le había identificado, ni se había descarado como en la actualidad, pero son los mismos que han mantenido aherrojado el país, únicamente para servirse de los recursos del Estado e igualmente mantener su hegemonía empresarial bajo la dinámica de controlar al Gobierno, a ministerios, a diputados, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, así como hoy, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La conducción económica se encuentra constreñida a una gestión que mantiene la estabilidad, pero mantiene la corrupción permanente, pervive los beneficios y privilegios a través de una baja recaudación fiscal, abriendo enormes hoyos en la recaudación a través del gasto tributario y dejando el trabajo manifiesto de los mercados imperfectos.
La cuestión política descansa en mecanismos perversos como el otorgamiento de obras a diputados, el ejercicio permanente de la extorsión a los ministros de Estado -en una interacción en donde ambos se benefician de contratos y obras-, la poca visión de país o de Estado, en donde lo que les interesa a diputados es mantenerse en el poder por mucho tiempo, pues contamos con legisladores cuasi eternos en el legislativo sin que produzcan una sola ley de beneficio colectivo, sino que se mantienen agazapados esperando el negocio del año y así volver a comprar su curul.
En materia de justicia, la situación es pavorosa. Muchos magistrados y jueces -porque existen honrosas excepciones-, hacen de su profesión un espacio para enriquecerse con sus disposiciones y sentencias, las cuales se hacen “a la carta”, “a la medida”, “a la solicitud del cliente”, con lo cual se han recreado auténticas mafias que se mueven entre las magistraturas, la suprema corte y el tribunal electoral.
En todos los casos, quien pierde es la sociedad. Continuar en esta senda únicamente nos conduce a la destrucción aún mayor de todo el tejido social del país. Un futuro mejor empezaría porque las élites abandonen la necedad de controlar todas las cortes, de nombrar ministros, de imponer presidentes, de controlar la Contraloría General de Cuentas. Se deben dedicar a los negocios, esa es su razón de ser, no controlar el país.
Hoy vemos cómo se consolidan las mafias, bajo la propia connivencia del Gobierno, lo hoy únicamente nos conduce a un Estado fallido, pero nadie de estos grupos está dispuesto a ceder la oportunidad de enriquecerse fácil y libremente, más aún sin CICIG. Los únicos que quedan como el fiel de la balanza y que poco podemos hacer, somos aquellos que buscamos un giro fundamental en la dirección y conducción del país, seguramente hay funcionarios honrados, también hay jueces que ven como sus colegas se hunden, también debe haber diputados honestos, fiscales, empresarios que comprenden que nuestro país no va bien y de seguir así, vamos a terminar mal, muy mal.
