El Cardenal Álvaro Ramazzini no se anduvo por las ramas al abordar el tema de la elección de las Cortes desde el punto de vista moral y ético derivado de la práctica de los principios del cristianismo. Señaló cómo es que hay gente que se dice cristiana y está operando con el crimen organizado, que no es sólo el narcotráfico, para asegurar la existencia de un sistema de impunidad que aliente y haga florecer más aún la corrupción, advirtiendo que actuar en busca de privilegios que perjudican al resto de la humanidad es contrario a la verdadera fe, como ocurre con quienes quieren tener el control de las Cortes para apañar sus acciones ilícitas e inmorales.
Y dijo que él se ha encontrado algunas veces con la Fiscal General y la considera persona de fe cristiana y que si ella rectifica y deja de apañar al pacto de los corruptos, sin duda se estará ganando el cielo escogiendo el camino de la fidelidad al Señor. Palabras muy fuertes viniendo de un alto prelado de la Iglesia porque, en sentido contrario, significa que si la Fiscal Consuelo Porras sigue plegada a los intereses espurios de quienes pretenden que tengamos Cortes amañadas, estaría perdiendo el cielo y eso tiene un enorme y profundo significado para quienes profesamos el catolicismo como fe de nuestra vida.
Pocas veces se habla tan a fondo de las implicaciones morales que tiene el funcionamiento de ese pacto alentado desde Santo Tomás para descabezar a la Corte de Constitucionalidad, a la Vicepresidencia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como fines inmediatos para allanar el camino a más negocios y con ganancias más elevadas sin el riesgo de que el día de mañana pueda volver a surgir un ventarrón de decencia y honestidad como el que se impuso en Guatemala a partir del año 2015, cuando se destaparon los escandalosos casos de corrupción del gobierno y de tantos particulares que operan igual con gobernantes de cualquier partido porque el común denominador es la voracidad y la falta de vergüenza.
La corrupción y la captura del Estado no es sólo un delito que violenta el ordenamiento legal del país. Es un grave pecado, desde el punto de vista moral, porque destruye los principios elementales de nuestra fe y del compromiso que significa el apego a enseñanzas y principios fundamentales que nada tienen que ver con la ambición desmedida que es causante de tanto sufrimiento para quienes se quedan sin protección o estímulo para lograr el bien común.
