Raúl Molina
La pandemia del COVID-19 es un parteaguas en la vida humana del siglo XXI: una situación económica, social y política antes de la misma; otra situación hoy, con limitaciones y restricciones ciudadanas y acciones de los Estados para enfrentarla y detenerla, al igual que con abusos de los sectores de poder; y una nueva situación, a crearse con inteligencia y voluntad, que deje atrás los males heredados. Se trata de construir una “Nueva Normalidad” que dé prioridad a la vida, salud y todos los demás derechos humanos. Una normalidad en que no existan ciudadanos de segunda o tercera clase. Es inconcebible que exista brutal discriminación contra migrantes en Estados Unidos, que contribuyen a su desarrollo, por el simple hecho de no haber seguido un proceso de ingreso reglamentado -peor cuando dicho proceso es altamente restrictivo e impenetrable. Migrantes en Estados Unidos, indocumentados o regularizados, enfrentan persecución por el gobierno con políticas antiinmigrantes e inhumanas. Las políticas gubernamentales no solamente les restringen las posibilidades de insertarse en la sociedad estadounidense sino que han propiciado su criminalización y, en determinados momentos, han auspiciado crímenes de lesa humanidad.
Una “Nueva Normalidad” para las y los migrantes no puede darse sin el cambio del presidente de Estados Unidos. El odio de Trump hacia las y los migrantes solamente se compara en la historia reciente con el odio de Hitler hacia los judíos. Además, con la respuesta que ha dado a los problemas generados por la pandemia, deja ver que es incapaz de sentir empatía alguna por las personas marginadas que son golpeadas por el COVID-19. Si bien es cierto que las y los migrantes no documentados o quienes aún no son ciudadanos estadounidenses no podrán sumar su voto para sepultar a Trump con una avalancha, sí pueden y deben contribuir a lograr la votación más alta de la historia en su contra. No obstante, lograr la salida de Trump de la presidencia, si bien un resultado altamente positivo para Estados Unidos y el mundo, es insuficiente para producir condiciones favorables para las y los migrantes no documentados. Es imprescindible que se elijan miembros del Congreso que reconozcan el valor y los aportes de las migraciones. Será en el Congreso donde se originen nuevas leyes migratorias que pongan fin para siempre a las ambiciones de los grupos racistas y supremacistas.
La “Nueva Normalidad” para las y los migrantes pasa por reconocerles todos sus derechos ciudadanos, tanto en su país de origen –por ejemplo, debe revisarse en Guatemala el ridículo derecho al voto en el extranjero- como en los países de paso y de destino. Derecho al trabajo, a la salud y a la educación no pueden ser menoscabados, ni tampoco las libertades fundamentales para trasladarse y cambiarse de vivienda y trabajo. Debe desaparecer la imagen de delincuencia que se les ha querido asignar y respetarse y valorarse sus efectivas contribuciones al bienestar y desarrollo del país receptor. La “Nueva Normalidad” debe permitir que la migración sea digna y humana y que genere el desarrollo sostenible de las sociedades de origen y receptoras.
