Juan Antonio Mazariegos
Esta semana se conoció la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante la cual dicho tribunal ordenó que se ligara a proceso al ex Presidente Álvaro Uribe y le imponía arresto domiciliario argumentando riesgos de obstrucción a la justicia, dentro de un caso donde se la acusa de un presunto fraude procesal y soborno de testigos.
En un principió y con el propósito de encontrar información y entender el contexto del caso busqué emisiones de televisoras colombianas que creí me podían ayudar a construir una opinión sobre los hechos y me encontré con horas y horas de entrevistas de políticos y abogados que expresaban de manera abierta su posición a favor o en contra de Uribe, en un contexto tan polarizado que ya no deja espacio para la imparcialidad o el análisis de pruebas y que me obligó a buscar fuentes periodísticas ajenas al país para entender los antecedentes del caso.
Al final, los hechos del caso se basan en declaraciones de testigos, ex miembros de las antiguas fuerzas paramilitares de Colombia y supuestas grabaciones de enviados de Uribe que presionan a dichos testigos para cambiar su declaración, dentro de un caso que paradójicamente fue iniciado por el mismo ex Presidente y dentro del cual también hay cartas donde los testigos se retractan de sus declaraciones, aunque después afirman que también fueron presionados para retractarse, en un ir y venir de declaraciones testimoniales que da municiones a Uribistas y anti Uribistas para un debate sin fin que ya se lleva a cabo en las mismas calles de las ciudades Colombianas.
Con independencia de los hechos del caso que parece tener un perfil parecido al de otros procesos que conocemos en Guatemala, encontrarme en los medios colombianos con argumentos recurrentes y conocidos, como los de la judicialización de la política y la politización de la justicia, tantas veces utilizados en nuestro país, según el caso de que se traté y el interés de quien lo manifieste, me hizo pensar en lo distante que nos encontramos de una salida ecuánime, justa o legal, si es que se pueden agrupar los términos, de los embrollos y conflictos de lo que se han llamado en nuestro país como la guerra de las Cortes que involucra cada vez a más sectores, personas e instituciones, en un pleito en el que al parecer se hace obligatorio ponerse la camisola del pacto de corruptos o de los chairos, por que de lo contrario se está inhabilitado para aportar u opinar.
Las consecuencias de esta espiral de polarización son ya nefastas en Colombia y en Guatemala para la credibilidad del sistema de justicia, le estamos enseñando a las futuras generaciones a no creer en el mismo y terminaremos pagando los platos rotos de estas malas enseñanzas, es urgente que las preferencias, las ideologías y los intereses queden fuera de los tribunales de justicia. Puedo simpatizar mucho con el ex Presidente Uribe y me parece muy bien lo que he leído que hizo por su país, entiendo que millones de colombianos piensan lo mismo, sin embargo, también entiendo que debe enfrentar el proceso en los tribunales nacionales o internacionales, en cualquier lugar en donde pueda hacer valer sus derechos y desvirtuar en los mismos cualquier acusación que se formule en su contra.
