Ayer el Fiscal de Delitos Administrativos del Ministerio Público, Melvin Medina, respondió a preguntas de nuestro reportero Denis Aguilar sobre el caso que conoce respecto a la flagrante desobediencia del Congreso al fallo de la Corte de Constitucionalidad relacionado con el antejuicio contra cuatro de los integrantes de ese tribunal a cargo del control del debido respeto a las normas que establece nuestra Constitución Política y su respuesta fue que “avances tienen” pero que “si se van a presentar o no, lo sabrán ustedes cuando se les informe por la vía oficial” dejando claro que no tienen la menor prisa para corregir la desobediencia en que incurrió no sólo la Comisión Permanente (Junta Directiva) del Congreso sino también la comisión pesquisidora nombrada a dedo, escogiendo entre los mismos directivos.
El Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras tiene sus tiempos muy peculiares. Se tardó una eternidad para investigar delitos imputados a Sandra Torres de manera que la acusación fuera presentada el día en que quedó inscrita como candidata presidencial y empezó a gozar de inmunidad. En cambio, trabajaron a marchas forzadas, con desvelos y en fin de semana, para presentar una imputación en contra de Thelma Aldana, justo antes de que quedara inscrita como candidata de manera que no pudiera materializarse su inscripción. Y citamos ambos casos porque son paradigmáticos de cómo trabaja el MP en la actualidad, muy veloz y diligente para proceder contra quienes le caen mal, pero más lento que una tortuga cuando se trata de apañar abusos o delitos cometidos por quienes son parte del célebre pacto, renovado el mismo 14 de enero cuando se aliaron las nuevas fuerzas que lo tenían que representar en el Congreso de la República.
No se trata de prevenir la comisión de un delito sino de sancionar el ya cometido y que continúa en marcha por la indolencia de la Fiscalía. Y como donde manda capitán no manda marinero, se debe entender que las declaraciones del abogado Melvin Medina no son de su propia cosecha porque él tiene que ajustar sus actuaciones a las disposiciones de la autoridad superior.
Pero mientras tanto, los avances implican muy poco porque la desobediencia a un fallo de la Corte de Constitucionalidad sigue su marcha y, lo peor de todo, se envía el mensaje a los actores del pacto en el sentido de que lo que diga la CC se lo pueden pasar todos por el arco del triunfo porque el ente encargado de la persecución penal no pasa de recopilar datos para decir que “avances tienen.”
