Carlos Rolando Yax Medrano
La autoridad y la libertad se han enfrentado, desde la antigüedad, en disputas donde los gobernantes han sometido a las personas a tiranías. Si bien el poder político puede considerarse como algo necesario, también debe recordarse que es algo peligroso: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso es importante limitar el poder del gobierno sobre las personas, para evitar que los gobernantes se corrompan absolutamente y sometan a las personas a la tiranía.
Entre los años 700 y 500 antes de Cristo, los griegos reconocieron este problema e instituyeron al “Eflore” y al “Euthynoi” para controlar a los funcionarios públicos y sus actividades. También lo hicieron los romanos con los “Tribuni Plebis”, los persas con el “Ojo del Rey” y los chinos con el “Yan”. Sin embargo, fueron los suecos quienes crearon la figura del “Ombudsman”, conocido ahora en Guatemala como Procurador de los Derechos Humanos y en América Latina como Defensor del Pueblo.
Las funciones principales del Defensor del Pueblo son fiscalizar todos los actos del gobierno que vulneren a las personas y velar por la protección de sus derechos, es decir, es quien defiende a las personas de los gobernantes corruptos por el poder. Pero en Guatemala, para variar, no fue reconocido sino hasta el año 1985 después de Cristo. Cientos de miles de hombres y mujeres fueron asesinados y desaparecidos por gobiernos autoritarios antes de que ocurriera. Y siendo tan reciente su creación, a los gobernantes sigue sin gustarles que haya alguien para detener la arbitrariedad de sus actos.
La existencia de alguien que defienda al pueblo es una piedra en el zapato para quienes andan en el camino de la corrupción. Así ha sido desde 2017 el trabajo de Jordán Rodas para un ex Presidente y numerosos diputados. Así sigue siendo en 2020 para muchos más funcionarios públicos. Han intentado, cada vez con más frecuencia, removerlo de su cargo por hacer bien su trabajo. Recientemente por el apoyo manifestado en favor de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una de las pocas instituciones públicas que aún no han sido cooptadas, ante ataques políticos espurios e ilegítimos.
El acceso a la justicia es un principio básico de un Estado de Derecho en un régimen democrático. Y la independencia judicial es una característica imprescindible para garantizar el carácter neutro y despolitizado de una adecuada administración de justicia. Al Procurador de los Derechos Humanos, defensor del pueblo de Guatemala, ahora intentan removerlo del cargo por defender, ante un grupo de vividores del Estado, el derecho a la justicia, imparcial e íntegra, de todos los guatemaltecos.
Se dice que en un Estado bien gobernado hay pocos castigos, no porque se concedan muchos perdones, sino porque hay pocos criminales. En un Estado mal gobernado también hay pocos castigos, no porque hayan pocos criminales, sino porque hay muchas ilegalidades. Por defender al pueblo de esas ilegalidades persiguen al Procurador de los Derechos Humanos. Ahora corresponde al pueblo defender a su Defensor.
