Oscar Clemente Marroquín
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Justo cuando dieron trámite al antejuicio en contra de la jueza Ericka Aifán para ir eliminando a los jueces que han dado la batalla contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia dispone la creación de un juzgado específico para conocer de todos los casos de corrupción que se presenten en el país, lo que de inmediato se interpretó como un esfuerzo por crear una instancia donde se apachen todos los clavos habidos y por haber porque de la actual CSJ no se pueden esperar más que decisiones a favor de la más absoluta y burda impunidad.
En todo caso, si hiciera falta instancia específica para atender los casos de corrupción que hay en el país no serían suficientes veinte juzgados para atenderlos porque día a día, en casi todas las dependencias públicas, aquí se embolsan el dinero de la gente y se trafican influencias con poderosos sectores para la realización de los más asquerosos negocios que van desde el burdo saqueo hasta la acumulación de enormes privilegios en detrimento del bien común. La agenda de los juzgados que dirigen jueces como Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez está tan saturada que programan audiencias en algunos casos hasta para el año entrante.
Ahora bien, si es para atender casos producto de acciones de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y del Ministerio Público, un tribunal es demasiado y su juez y oficiales se la van a pasar espantando moscas todo el día porque aquí ya no se mueve un dedo más contra la corrupción que ha sido consagrada como práctica normal de la administración pública y de los particulares que son actores del drama de la captura del Estado de Guatemala. Las fiscalías contra la corrupción y de delitos administrativos se la pasan también espantando moscas, salvo cuando doña Consuelo les pide que trabajen horas extras y en el fin de semana para meterle a presentar denuncias sin fundamento que tienen la finalidad de destruir a quienes le caen muy mal a la Fiscal General de la República.
En esas condiciones hay que entender que la creación de ese juzgado especializado en temas de corrupción no tiene otra finalidad que la de encubrir a los que, por babosos o por casualidad, sean sorprendidos con las manos en la masa y que el mismo será encomendado a algún juez que ande en motto, o un cruz que actúe como avestruz enterrando la cabeza para dejar hacer y pasar.
¿Puede alguien creer que la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema de Justicia, estaría buscando a un juzgador con las características de togados como Aifán o Gálvez para encomendarles la judicatura? Sería pecar de ingenuo y hasta de pendejo suponer que hay un mínimo de buena intención atrás de esta resolución que se produce en el contexto de las maniobras que se han dado en esa Corte para consolidar el régimen de impunidad en Guatemala que pasa, por fuerza, por el Plan Alejos tan cuidadosamente elaborado y ejecutado desde el confort del trato preferente que se le concedió para que operara a sus anchas.
