Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Quien quiera solo hablar del amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) en favor de sus magistrados, sin querer hablar de la actuación y la manera en la que se conformó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de Gustavo Alejos y del amparo de Consuelo Porras, quiere tratar de dormir al sueño y por mucho que traten y se esfuercen, quedan en plena evidencia por acción u omisión.
No hay manera, material y jurídicamente hablando, de separar las cosas y hacerlo solo demuestra en muchos mala fe. Algunos han utilizado este tema para enarbolar de nuevo un tema ideológico porque saben que no hay mucho argumento para sostener lo que tenemos y defender lo que soñaban hacer con las Cortes. Otros simplemente desean hablar de la CC y obviar el resto porque es lo que necesitan por motivos personales o profesionales.
Un juez es responsable penalmente de sus fallos si los emite porque recibió pisto o porque traficó influencias, pero no porque tengan una opinión distinta a la de un grupo de la sociedad y eso aplica para cuando yo no he estado de acuerdo con fallos de algún juez o tribunal colegiado.
He dicho y sostengo que el sistema de justicia de Guatemala necesita una reforma profunda para eliminar los vicios, los compadrazgos y el tráfico de influencias que ha derivado en una cooptación que favorece a la impunidad, sin importar que el beneficiario de ésta sean rasos, shumos o de cuello blanco.
Llevamos varios procesos de designación de magistrados en los que clara y abiertamente se ha violado la Constitución porque el artículo 113 queda de perfecto adorno. Para que nadie se haga el papo, aquí se transcribe una vez más: Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
¿Por qué no se ha cumplido? Muy sencillo, tener a gente capaz, idónea y honrada complicaría que un Gustavo Alejos, sus secuaces, operadores y diputados, un Rey del Tenis, un Alejandro Sinibaldi, un Manuel Baldizón, una Roxana Baldetti y muchos otros operadores paralelos de la justicia, pusieran a sus alfiles a quienes lo que menos les importa es ser capaces, idóneos u honrados.
Más gente en Guatemala optara por empleos o cargos públicos si en realidad el 113 se privilegiara por encima de los acuerdos políticos, de los compadrazgos, del tráfico de influencias o de la corrupción que lleva a la impunidad.
Dejando en claro que solo hablar de la CC sin abordar el resto es un plan con mucha maña, lo que procede y deberían apoyar los que dicen no estar de acuerdo con el Plan Alejos, es que el Congreso proceda a elegir Cortes cumpliendo con lo que manda la Constitución, es decir, el 113.
Cualquiera que sabe de negocios, que dirige una empresa o que es patrono entendido, sabe que a mejor Estado de Derecho a todos nos toca competir bajo las mismas reglas, las arbitrariedades se cambian por certezas y los procesos al tenor de la ley se vuelven una buena camisa de fuerza porque nos hace a todos regirnos por un marco que premia la habilidad del que hace mejor o más eficiente las cosas, sin necesidad de vericuetos.
Y por eso es que resulta incomprensible que muchos que se dicen hombres de negocios se opongan a que el Congreso elija Cortes cumpliendo con la Constitución y decidan volcarse en contra de la CC sin hablar de la CSJ, de Alejos y del amparo de Porras.
Hay que ser coherentes y no podemos hablar de crecimiento económico, o recuperación en este caso tras el golpe del COVID-19 y ser apañadores por acción u omisión de aquellos que desean instalar Cortes que se puedan conformar al gusto y antojo de quienes se sienten en penas o de aquellos que desean seguir haciendo de las suyas con la tranquilidad de tener a quien llamar para que arregle el clavo o “corone la vueltica”.
