Adrián Zapata
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Por casualidad o por aviesa intención, se han juntado dos crisis. O tal vez tres.
Una es la crisis sanitaria y la otra la política. La primera tiene tales impactos en la economía, ahora y posteriormente, que la golpeará tremendamente, afectando a todos, pero principalmente a los mismos de siempre.
La crisis política parece ser muchas cosas, pero su esencia es el atropello al carácter republicano del Estado guatemalteco y los efectos en la prevalencia de la impunidad y el retroceso de los derechos humanos en su sentido más amplio. No es tan solo un conflicto jurídico, ni simplemente una controversia entre órganos jurisdiccionales.
A partir de la dramática reversión que se dio en la lucha contra la corrupción y la impunidad en los últimos tiempos de la CICIG, diversos actores se han aglutinado, de manera explícita o implícita, para garantizar que esa experiencia no se vuelva a repetir. Para lograrlo tienen que cooptar el Estado en su conjunto, atropellando la división de poderes, propia de la naturaleza republicana. No comparto el criterio que todos los que allí se aglutinan sean corruptos. También hay empresarios que se niegan a que exista un Estado que no les garantice plenamente su interés de obtener una pronta reproducción ampliada de capital, a como de lugar, sin limitaciones ambientales, laborales o fiscales. Pero sin duda también están los actores político mafiosos que acumulan capital a partir de los negocios fraudulentos con el Estado. Y a eso se suman aquellos jueces y magistrados que con tal de garantizar sus mezquinos intereses (probablemente de acceder o continuar en sus cargos o de recibir coimas por sus resoluciones), no dudan en servir de instrumentos para esa cooptación.
Así que un legislativo con mayoría alineada en ese pacto y un poder judicial que carece de la independencia que debería serle inherente, son los actores fundamentales de esta cooptación del Estado. El Ejecutivo también es proclive hacia este pérfido pacto, ya que está visto su fácil seducción por el autoritarismo y la intolerancia a quienes discrepan, aunque justo es decir que el Vicepresidente podría estar distanciado de ello. En este contexto, les es urgente neutralizar la independencia que hasta ahora ha expresado la Corte de Constitucionalidad, gracias a los cuatro magistrados a quienes se quiere defenestrar.
Pero lo que muchos no ven es el principal ganador de esta ruptura del orden republicano. Me refiero al narcotráfico y al crimen organizado en general, para quienes la impunidad es esencial. Los empresarios tradicionales, aquellos que no son corruptos, están siendo arrastrados en esta convergencia perversa, dada su visión de corto plazo y su ausencia de horizonte nacional y de largo plazo. Los Estados Unidos también ya estarán reflexionando sobre los efectos que ha tenido haberle zafado la alfombra a la CICIG y a la lucha contra la impunidad.
Por lo tanto, creo que tienen razón quienes afirman que hay un golpe de Estado en proceso. No el tradicional y grotesco que daban los militares. Es mucho más sofisticado y se expresa en la ruptura del orden constitucional que establece el carácter republicano del Estado guatemalteco. Si la junta directiva del Congreso devuelve o no el original del expediente respectivo a la CC o si ésta contradice a la Corte Suprema, son sólo manifestaciones de un problema cuya esencialidad está en lo ya referido.
Urge construir una amplia confluencia de actores sociales y políticos que con sus acciones y movilizaciones nacionales e internacionales detengan este golpe de estado en proceso. La salida a esta crisis es política, no jurídica, pero en el marco de la legalidad.
