Jorge Morales Toj
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Nuestra Constitución Política de la República en el artículo 93 establece: “El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna” en el artículo 94 establece: “El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social”. Estoy seguro que no todos los funcionarios y empleados que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estén conscientes y sobre todo cumplan los mandatos constitucionales para garantizar el derecho a la salud de todos los guatemaltecos.
En un documento denominado “Cuentas nacionales de salud 2016. Guatemala: tendencias del gasto en salud, periodo 2001 -2016”, se establece que: “En menos de 5 años la demanda de servicios de salud se incrementó en 10 millones de consultas pasando de 19.3 millones a 29.1 millones en 2016 y el 87.75% de las mismas debieron ser atendidas en el sector público, lo que llevó al colapso de varios hospitales y centros de salud, tanto del MSPAS como del IGSS”. Esos datos del año 2016 ilustran claramente el colapso total de nuestro sistema de salud y la poca atención que el Estado le ha dado su obligación constitucional de asegurar a todos los guatemaltecos su derecho a la salud y a la vida.
Para intentar asegurar nuestro derecho a la salud, los ciudadanos tenemos pocas posibilidades a través del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, y todo el sistema de salud privado que tiene varios matices, debido a que existen diversas opciones, dependiendo de la capacidad financiera de los ciudadanos. En las comunidades indígenas, los ancianos y las ancianas siguen atendiendo a enfermos con plantas medicinales ancestrales, pero siguen muriendo ante enfermedades graves y por medio de algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de salud.
El incumplimiento de parte del Estado de brindar salud, agrava la situación económica de millones de guatemaltecos, que debemos acudir al sistema de salud privado para sufragar gastos de consulta externa, exámenes, hospitalización, diversos medicamentos que incluyen aparatos para atender nuestra salud. Los guatemaltecos que se encuentran en extrema pobreza, ante la lamentable situación de nuestro sistema de salud, mueren y pasan a ser parte de las estadísticas.
La emergencia sanitaria que vivimos, ha puesto al descubierto que nuestro sistema de salud está en trapos de cucaracha, como se dice popularmente. Los hospitales públicos que están atendiendo la pandemia están colapsando, el seguro social está desbordado y el sistema de salud privado sigue siendo inaccesible para los más pobres.
En las últimas semanas, igual de miles de ciudadanos, he vivido en carne propia el calvario que significa intentar acceder al sistema de salud público. He sido testigo de la forma en que los médicos y enfermos hacen su mejor esfuerzo por atender a los pacientes con graves limitaciones de insumos médicos.
Como ciudadano pido al Estado de Guatemala: a) que cumpla su obligación constitucional de asegurar la salud y la vida de todos los guatemaltecos, b) una Política y programas adecuados y ágiles para afrontar la emergencia del COVID-19.
