No son sólo los dueños de una mueblería los que decidieron hacer fiesta en plena pandemia sino también lo está haciendo la poderosa entente entre el sistema de justicia cooptado y el Congreso corrompido, contando con la participación complaciente de todos los que en su momento se sintieron afectados por las investigaciones contra la corrupción y que necesitan, para su tranquilidad, de tribunales con titulares escogidos cuidadosamente por Gustavo Alejos para tener la más absoluta certeza de impunidad, todo ello contando con la complacencia del gobierno que, con su silencio, está avalando el manotazo contra la Corte de Constitucionalidad la que simple y sencillamente ha amparado a los que, con toda lógica y apego a derecho, reclaman un sistema de justicia libre de las ataduras de la corrupción para iniciar la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Hay que entender el contexto de todo el alboroto para dimensionar lo que está pasando y, más que eso, lo que está en juego. No se trata de una disputa entre poderes del Estado ni discrepancias de criterios jurídicos. Hay en el país una lucha intensa entre quienes reclaman un eficiente y honesto sistema de justicia y quienes han realizado un diligente trabajo de cooptación para asegurarse impunidad, esfuerzo que se vio detenido por las investigaciones de la FECI que destaparon el juego de Alejos, quien es el encargado de hacer el trabajo para quienes en esta coyuntura se han tenido que quitar las caretas, emitiendo comunicados que definen claramente los campos porque es mucho lo que está en juego.
Y es fiesta en plena pandemia porque se han aprovechado de la imposibilidad que tiene la ciudadanía de protestar y ejercitar sus derechos porque estamos en medio de una situación que impide aglomeraciones, lo que se toma con una especie de carta blanca para que los poderes ocultos, esos que han impuesto su ley a todo el país durante tantos años, facilitando el saqueo de la cosa pública y la acumulación de privilegios en medio de la más rampante impunidad, puedan seguir con la parranda que tuvieron que suspender cuando, un hito en la historia, se empezó a investigar y procesar a todos los corruptos, sin importar su poder político, económico o social.
Lo que está en juego es la persistencia de esa Guatemala de impunidad y privilegios o la posibilidad de empezar a enderezar el rumbo con un sistema de justicia que aplique la ley por parejo a todos en el país, futuro que está en nuestras manos.
