Jesús Alvizures
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No sé cómo se vea lo que voy a exponer; pero el pueblo debe saber que el candidato solicitante de ayuda económica para financiar su campaña política es quien coopta al financista y no el financista a la cabeza del estado.
Concluyendo que en el llamado financiamiento ilícito cómo es posible que el solicitante este libre y el donante este tras las rejas; ese no es el espíritu de la Ley donde unos piden y los otros dan; si los que piden no registran lo que reciben el problema es del partido receptor y es el Tribunal Supremo Electoral el que debe enjuiciar este concepto al que llaman captura del estado; más fue el candidato el que capturo al empresario. ¿Y porque? Solo paga los elotes el financista y no el político; si el uno tiene delito el otro también según reza la ley hechor y consentidor pena por igual.
Hay que ser justo y ver los ángulos que abarca este financiamiento; porque si no hay donación económica el solicitante al estar en el poder no adjudica ninguna obra a esta empresa y la empresa no puede dar trabajo al obrero, al ciudadano que lo necesita. En mi ignorancia pienso que hay mucha injusticia en este tema que desdice de una Ley justa que lejos de abrir caminos de progreso los estanca; atropella el honor de las personas; y los que llegan al poder casi todos se sirven con la cuchara grande las viandas económicas del estado.
Y que han hecho para estar ahí comprometer a quienes mueven con su trabajo la economía del país; no estoy defendiendo a los grandes capitalistas y contratistas; estoy externando un criterio de lo sucio que es la política que crea millonarios sin escrúpulos que a todo dicen vénganos en tu reino; pero como son el poder no son enjuiciados aún hayan hecho negocios fraudulentos como el libramiento de Chimaltenango mal trabajo y sobre valuado. Se sigue derrumbando.- Su costo se dice Q500 millones.
Tantas malas acciones en deprimencia de la economía nacional; y ahora nos cae el coronavirus; el cual ha dado lugar a que los detenidos embarrados en la corrupción soliciten medidas de arresto domiciliario; naturalmente los adultos mayores que estén en riesgo de contraer el contagio del virus que ha causado tanta muerte a nivel internacional. La medida que se quiere tomar es más para los políticos y empleados públicos que en su tiempo hicieron su agosto.
Hay quienes son culpables y las sentencias se han detenido a causa de amparos esperando mejores tiempos de despenalización; esto que muchas veces intento el legislativo recién pasado tratando de reformar leyes para beneficio de la corrupción y delitos del conflicto armado; la Honorable Corte de Constitucionalidad los paró y entraron en un pulso de poderes que gano el ente que interpreta y defiende la Constitución de la República. Aún el ejecutivo de ese entonces desobedeció varias veces el poder de la Ley; y hasta hoy goza de impunidad dentro del Parlacen; este que dijo el presidente Giammattei que se reformaba o se cancelaba.
