Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

Casi todas los hechos, testimonios y datos disponibles sobre la pandemia en Guatemala, evidencian que vamos de mal a peor, pero los ciudadanos aún podemos definir un futuro promisorio.

Desde los inicios de la crisis, hasta mediados de mayo, tuvimos una tasa de contagios y de letalidad relativamente baja. Según los expertos en epidemias, en esto pudieron incidir tres factores: a) los contagios comenzaron tardíamente en relación con otros países, y la pandemia apenas comienza; b) el pico del contagio llegará en junio, con mayor fuerza; c) el muy escaso número de pruebas practicadas hace que las cifras oficiales no sean confiables, pues hay sub registro de contagiados asintomáticos, como opina el Dr. Edwin Asturias, quien liderará la Comisión Nacional Contra el Coronavirus, según anuncio reciente del Presidente Giammattei.

Sobre estas hipótesis podría haber cientos de opiniones, pero como no soy epidemiólogo ni estadístico, me atengo a los datos oficiales: hasta el 7 de mayo, la curva de contagio se mantuvo creciendo moderadamente, sin grandes incrementos. A partir de esa fecha el número de casos aumentó abruptamente, hasta que el 14 de mayo acusó un incremento de 194%, según anunció el Presidente quien, de manera intempestiva, decretó “el cierre total de país”, con las consecuencias negativas que todos conocemos. Los hechos descritos, refuerzan las tres hipótesis de los especialistas.

Las medidas draconianas, además de inconsultas fueron injustas, pues se prohibió la circulación de la ciudadanía, incluido el transporte de frutas y verduras de campesinos, pero no de los repartidores de comida chatarra de las transnacionales. Esto provocó que las autoridades ancestrales indígenas cortaran el flujo carretero en varios puntos del país, y en San Francisco El Alto se dio un enfrentamiento entre comunitarios y elementos antimotines. A la epidemia del COVID-19 se sumó el conflicto social, que la desigualdad y la discriminación alientan en un país con pobreza y hambre centenarias.

Para revisar la situación hospitalaria, debemos atenernos al testimonio de médicos y enfermeras, que con mayor frecuencia y enojo denuncian carencias de medicamentos, equipo, personal y hasta el pago de salarios atrasados. Los turnos son agotadores, el salario magro y tardío, el bono de riesgo miserable, etc. Además, crece el número de sanitarios contagiados, lo que explica por qué no hay galenos y enfermeras que quieran laborar en los hospitales de campaña; aunque haya camas, sin personal no funcionan.

Los contagios crecen en las Policías Nacional Civil y en la Municipal de Tránsito, a pesar de los intentos de sus jefes por mantener oculta esta realidad, que han evidenciado el PDH y el diputado Aldo Dávila. Anoche, mientras redactaba esta columna, 111 pacientes denunciaban los atropellos que sufren en el hospital de campaña del Parque de la Industria.

La economía está parada, las remesas disminuidas y se perderán 800 mil empleos. Para colmo, la ayuda económica aprobada por el Congreso para los más necesitados no llega. Hasta finales de abril, 147 instituciones solo habían utilizado el 3% del presupuesto estatal, y en otras 47 la ejecución se encontraba en cero. El  Ministerio de Salud solo ha ejecutado el 1% de los Q640 millones aprobados para combatir el COVID-19.

Por si fuera poco, Unicef realizó una proyección de 3,700 posibles muertes de niños menores de 5 años por desnutrición en los próximos 12 meses, en el caso más grave.

En conclusión, lo peor de la pandemia y la recesión está por llegar, y Giammattei se niega a apoyarse en la ciudadanía, fuente legitimadora del poder político, y aliada imprescindible para salir de una crisis sin precedentes en el mundo actual.

Aún es tiempo de evitar que corra sangre, y llegar al colapso sanitario, económico y político, articulando concertadamente un Plan Nacional de Contingencia ante la pandemia y el hambre. Mañana será tarde.

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