Walter Juárez Estrada
Privados de libertad vulnerables a la pandemia del coronavirus con enfermedades crónicas de 60 años de edad, podrían gozar de prisión preventiva, decisión que compete a los jueces que los juzgan por narcotráfico algunos y otros por corrupción, que gozan de prebendas y privilegios en centros carcelarios exclusivos para militares, Mariscal Zavala y Matamoros, desconociéndose quiénes serían los beneficiados y el Ministerio Público, ser enérgico con la decisión de los jueces y oficiar a la policía para que ejerza control de los que podrían obtener su liberación para evitar una fuga al extranjero, que sería deleznable y el pueblo quedaría burlado.
La iniciativa para liberar a un grupo de indiciados, no es nueva. El año pasado se venía incubando en el Congreso, la emisión del decreto 5564, que daría facultad al Organismo Judicial, para oficiar a los jueces y buscar la forma de otorgar arresto domiciliario a imputados de varios de hechos, entre ellos narcotráfico. Los centros carcelarios han sobre pasado su capacidad mas de un 400%; el estado eroga varios millones anualmente para su manutención. Se debe estar vigilante sobre la liberación de quienes pueden gozar ese derecho y compete al Ministerio Público, instruir a los jueces los medios de control para evitar una fuga masiva al extranjero.
Varios detenidos que no ameritan privarlos de su liberación, no han sido condenados por la presa de trabajo que tienen los jueces o por acciones de impugnación de las partes u otras circunstancias. Varios internos sufren de dolencias que ameritan un control médico oportuno, ingesta de medicamentos; algunos han fallecido al privarles ese derecho, como ocurrió con un estimado galeno, un ex diputado que murieron por la ansiedad del encierro y otras circunstancias. Diputados y sectores de la sociedad con frecuencia se habían pronunciado sobre la conveniencia de otorgar libertad domiciliar a varios internos y el momento con el Covid-19. Se espera que no se vayan a cometer errores para no quedar frustrados mañana y exigir a los tribunales que aceleren las sentencias.
La suerte ahora podría ser para el ex presidente Otto Pérez Molina, que acusa de problemas cardiacos y compete al INACIF evaluar objetivamente quiénes son los reos que sufren dolencias y que podrían ser “atrapados” con el coronavirus y por razones “humanitarias” es aconsejable que sus últimos días lo pasen con arresto domiciliar. Los jueces deben acelerar los procesos y dictar las condenas con arreglo a derecho. Dejar a la Corte Suprema de Justicia la decisión de liberar a varios ex políticos como Pérez Molina, Gustavo Alejos entre otros, seria a no dudar un pago de favores, es público que los magistrados del alto tribunal llegaron al cargo por los ex diputados del PP. y Lider y ahora llegó el momento por culpa de la pandemia, para pagar favores.
