Jorge Morales Toj

Maya K’iche’, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con estudios de Maestría y Doctorado en Derecho Constitucional. Pacifista y Defensor de los Derechos Humanos.

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Jorge Morales Toj

Desde la declaratoria del Estado de Calamidad decretado por el gobierno de la República de Guatemala y establecimiento del “Toque de queda” existe un clima de temor y de suspenso generalizado.

Diversas organizaciones campesinas se han venido pronunciando ante la situación que se viven el área rural. La Alianza Social Rural, un colectivo que agrupa a diversas organizaciones campesinas han emitido una opinión pública haciendo varias demandas, en los primeros párrafos de su comunicado la ASR expresa que: “En la medida en que se propaga la Pandemia del coronavirus COVID-19 en Guatemala, un país caracterizado por las profundas desigualdades socio-económicas, donde los niveles de pobreza y extrema pobreza afectan especialmente a los pueblos indígenas y campesinos del área rural, se visualiza una situación que acentuará la pobreza y la desigual posibilidad de enfrentar esta crisis y redundará en mayor hambruna en nuestras comunidades”.

Asimismo, la ASR denuncia que: “los alto costos de los granos básicos especialmente el maíz y el frijol, está haciendo que se vayan encareciendo los demás productos de la canasta básica, esto sumado a la falta de ingresos de los campesinos y campesinas del campo, imposibilita el acceso a los sagrados alimentos de miles de familias campesinas. Impactando directamente en la economía campesina y en sus posibilidades de reactivación”.

Las organizaciones campesinas manifiestan que “se viene la época de la siembra y toda esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus, está poniendo en riesgo la sagrada siembra del maíz y del frijol en el campo, lo que augura una grave crisis alimentaria en los siguientes meses. A esta situación ninguna entidad del gobierno le ha puesto atención”. En mi opinión, este tema, es de especial importancia, porque hay que recordar, que en la medida en que llegan las primeras lluvias, los campesinos y campesinas del área rural comienzan su proceso de siembras, ese proceso está seriamente afectado por toda la parálisis del país debido a la pandemia del coronavirus.

Las organizaciones campesinas miembros de la Alianza Social Rural al Gobierno demandan: a) Que se garantice a las familias campesinas, agricultores y trabajadores del campo que los recursos asignados al MAGA y otros Ministerios verdaderamente sean invertidos por medio de políticas y programas para dinamizar efectiva y eficientemente la economía campesina; quienes son los proveedores del mercado nacional, contribuyendo a la seguridad alimentaria, b) Garantizar que el recurso ya aprobado también contemple planes para apoyar a todos los trabajadores de la economía informal y pequeños comerciantes, que en su mayoría es población de origen rural, quienes han tenidos que emigrar a las ciudades para enfrentar su situación de pobreza y de subsistencia. Ver a este sector como los verdaderos afectados y no solo al gran sector empresarial y c) Exigimos al gobierno que todas las acciones, en el marco del Estado de Calamidad y post efectos no terminen siendo manipulados o aprovechados para saldar compromisos electorales o beneficiar a determinados sectores políticos en sus intereses.

En mi opinión, es importante que diversos sectores de la sociedad guatemalteca rompan el silencio y comiencen a ejercitar su libertad de expresión y petición, asimismo, ejercitar su derecho a la fiscalización, debido que, en época de crisis, como dice un refrán popular: “muchos en la pena y otros en la pepena”.

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