Se viven momentos en los que todos debiéramos estar preocupados por nuestros semejantes y cuando cada esfuerzo tiene que ser para beneficio común, por lo menos, si no es que para el beneficio de los que más lo necesitan. El tema económico, por supuesto, juega un papel importante en medio de la crisis provocada por la pandemia mundial del coronavirus que empezó a hacer estragos a finales del año pasado en China y que se ha propagado alrededor del mundo, pero los Estados tienen que jugar un papel de enorme importancia como promotores del verdadero bien común pero, pienso yo, dando preferencia a la población más vulnerable, esa que terminará pagando un precio muy alto por el descalabro que sufren las economías en el mundo.
En Guatemala, con los enormes niveles de pobreza y de pobreza extrema, esa situación se vuelve mucho más crítica y por ello uno pensaría que las autoridades, en todos los niveles, tendrían que estar priorizando acciones que alivien el pesar de esa gente que a duras penas tiene para comer en condiciones normales, no digamos ahora que la actividad económica se ha detenido.
Evidentemente estamos ante la prueba de que aquí no quitan maña los políticos que nos gobiernan. El Congreso aprobó medidas económicas para “enfrentar la crisis” y se puede ver que no hay ninguna provisión realmente orientada a mitigar el sufrimiento de la gente. En cambio, aprobaron una disposición que supuestamente era para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo un fondo de 400 millones de quetzales que serán manejados por el Ministerio de Economía y el Crédito Hipotecario Nacional, pero como estaban sesionando de madrugada, aprovecharon la nocturnidad para hacer una enmienda a la propuesta original para decir que esos fondos están disponibles también para las “Personas Políticamente Expuestas”, de acuerdo a los criterios ya establecidos en la Superintendencia de Bancos. Esa lista la encabeza el Presidente de la República pero están todos los ministros, diputados, alcaldes, jueces, funcionarios de las dependencias del Estado, las autónomas y semiautónomas, secretarios generales de los partidos políticos y, para no hacer larga la historia, todo el tipo de gente que ha ocupado los puestos desde donde han saqueado al país.
¿Qué necesidad tenían los diputados de incluir esa específica autorización para que esos fondos puedan ser utilizados por los que tienen algo de poder político? Nadie con dos dedos de frente puede pensar que se trata de una acción inocente de ese grupo que componen los diputados que, evidentemente, no han roto con las prácticas del pasado sino que se están esmerando por superar lo que hicieron sus antecesores.
El solo hecho de que incluyeran esa normativa es para encender todas las alarmas y demuestra que no existe ya ni siquiera el recato que, al menos en circunstancias tan difíciles como las que vivimos, tendrían que mostrar quienes se dicen dignatarios, padres de la patria y representantes del pueblo.
Y todavía ahora quieren permitirse a sí mismos sesionar por videoconferencia, para hacer de las suyas aun cuando el pueblo se volcara a las calles para repudiar sus acciones. De verdad que están viendo la tempestad y ni siquiera por eso se arrodillan. A ver si Dios los coge confesados.
