La necesidad de un verdadero Estado de derecho es insistentemente señalada como uno de los requisitos indispensables para asegurar inversiones que generen empleo y ayuden al desarrollo del país. De hecho el futuro de Guatemala depende de que tengamos un Estado capaz de garantizar la igualdad de todos ante la ley y la correcta administración de la Justicia, razón por la cual es tan importante entender que vivimos bajo un sistema cooptado, cuya realidad se expresa gráficamente en la actitud de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el antejuicio de Felipe Alejos, caso paradigmático porque sirve de muestra de que aquí la ley, las pruebas y la decencia es algo que sale sobrando si se cuenta con los amarres y conectes necesarios para asegurar impunidad.
Nadie, ni siquiera el más cínico de los actores nacionales, puede suponer que tenemos un Estado de derecho fiable y en el que está garantizada la correcta administración de justicia. Hasta los más ignorantes saben que tenemos autoridades judiciales que llegaron como resultado de pactos con poderes ocultos con los que se comprometieron a ser instrumentos de impunidad y que todo el proceso actual, para elegir a los nuevos magistrados, está más amañado que los anteriores simplemente por la cantidad de gente poderosa, que pertenece a esos poderes fácticos, que se encuentra sujeta a proceso o a investigaciones relacionadas con la corrupción y que necesita, urgentemente, disponer de tribunales de segunda instancia y de una CSJ que les resuelva a la mayor brevedad todos sus casos.
Por eso es que parece hipócrita el cacareo que algunos hacen sobre el Estado de derecho y la importancia que tiene para el país y para el clima de negocios cuando son los que están presionando más, con toda la influencia que puedan ejercer no sólo en sus gremios sino en otras organizaciones de la sociedad civil, para que de los listados que se hicieron bajo la instrucción precisa de Gustavo Alejos a las postuladoras. Dicen que entienden y aceptan que hay que reformar el sistema, pero que eso debe quedar para después porque primero hay que “cumplir la ley” cambiando a los magistrados, ocultando que al cambiarlos lo que se busca es mejores peones que aseguren la burla a la ley.
Si queremos Estado de derecho tenemos que aspirar a Cortes integradas por profesionales éticos y probos y no por los que se tuvieron que ir a someter a Alejos para entrar a los listados de los que elegirán esos diputados que forman parte de la alianza oficialista que armaron los Alejos.
