Juan José Narciso Chúa
En la actualidad contemplamos con molestia el hecho de que en cada proceso de elecciones a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales correspondientes, siempre ocurre lo mismo. Un grupo de personas que funcionan como operadores políticos, haciéndole el juego a los grupos de poder, tanto aquellos conocidos como las élites y el CACIF, como aquellos otros menos conocidos y oscuros como poderes emergentes que buscan controlar el Sistema de Justicia en Guatemala.
Esta molestia hoy se torna en una lucha decisiva por el cambio, por las reformas, por conseguir, al fin, la legitimidad de uno de los poderes del Estado, el Organismo Judicial. Y esto no es decir poca cosa. Pues conseguir la legitimidad significa que han actuado al amparo de mecanismos legales, pero éstos –como las Comisiones de Postulación–, únicamente han demostrado que haciendo uso del poder legal termina constituyendo en un ejercicio de ilegitimidad, en donde se colocan a magistrados y a jueces, en función de interés, nada más.
Lo que más molestia causa es observar cómo representantes del CACIF –como su actual presidente–, lo aceptan, pero como si fuera una picadura de mosquito, únicamente dicen, “… sí, qué pena, pero la elección debe seguir”, y añade “se debe fortalecer el Estado de derecho”. Mientras en el Ejecutivo, también se elude la verdad y se dice estar a la espera de ver qué es lo que pasa. Cinismo, desfachatez, desvergüenza, no sé cuál sería el adjetivo más exacto, pero al final caben todos, creo yo.
La lucha por las reformas de la elección del Sistema de Justicia, visto en la perspectiva histórica, no cambiará si se deja en manos del Ejecutivo, Legislativo o Judicial o de Comisiones de Postulación o de Consejos de Justicia, puesto que todos estos se encuentran alineados con el poder fáctico más retrógrado de nuestro país, son aquellos que no quieren ningún cambio y continúan con su obtusa visión de “su” país (pero que significa el país es de ellos, de nadie más).
Es de destacar la labor de tantos colectivos y grupos de la sociedad civil que están buscando que este proceso pestilente se cancele, para iniciar otro y con otros, para garantizar que los profesionales y jueces más probos, sean los que conducen los destinos del Estado de derecho y acabar con un sistema que se muere por las propias manos de quienes los detentan, vaya ironía.
El papel de Acción Ciudadana, bajo la conducción de Manfredo Marroquín –mi buen amigo–, es indiscutible y es de darle el reconocimiento respectivo, así como la AEU y otros grupos que continúan haciendo su esfuerzo para cambiar este país.
También, hoy es indiscutible y de reconocer el papel que el Ministerio Público está jugando en esta delicada coyuntura, es cuando se necesita de las propias instituciones del Estado que salgan a luchar por un nuevo país, a plantear comunicados que destaquen esta viciada elección, que rechacen cualquier intento por parte de los poderes fácticos –élites, políticos, militares e iglesias–, de seguir bajo la senda de la cooptación, la corrupción y la impunidad.
A todos ellos, que luchan, dentro del sistema, aún en contra de todo y de todos, me uno con mi humilde columna, porque al final son los que están buscando nuevos horizontes para nuestros hijos y nietos, son aquellos que siembran esperanza en terrenos de duda, son los que lanzan la lucha democrática, como sustento de alcanzar una sociedad distinta, con Estado de derecho democrático y con bienestar para sus habitantes.
