Julio R. García-Merlos G.
Twitter: @jgarciamerlos
Nuestro sistema de justicia penal está colapsado y en gran medida se debe a una mala estrategia. Las fiscalías pretenden llevar todos los procesos a una sentencia condenatoria después de un juicio. Esta ambiciosa meta es imposible de cumplir, incluso para sistemas desarrollados como el de Estados Unidos. En aquella nación, la estrategia consiste en realizar investigaciones sólidas y bien fundamentadas que desde el momento que se presentan las evidencias al sindicado y a su defensa quedan convencidos de que si van a juicio el riesgo de condena es demasiado alto. Por esta razón en aquellas latitudes un fiscal serio se concentra en investigar minuciosamente, fundamentar bien los cargos, y cuenta con la posibilidad de negociar con el sindicado.
Estas negociaciones favorecen tanto al Estado como al sindicado. Dentro de los beneficios se encuentran los siguientes: a) ahorro de los costes de litigio, puesto que se calcula que un juicio completo en Estados Unidos puede costar alrededor de $600 mil dólares y si es un caso de pena de muerte, incrementa a aproximadamente a $1.3 millones de dólares; b) el sindicado colabora con la investigación brindando información útil que las autoridades no tenían; c) se acuerda el resarcimiento de los daños causados a la víctima o al Estado y por último, d) el sindicado obtiene a cambio una pena reducida y en muchos casos, puede quedarse con parte de su patrimonio. Estos acuerdos eliminan la incertidumbre, aunque la sentencia siempre sea a favor de una de las partes. La diferencia radica en que si el asunto se discute en juicio perdemos todos los contribuyentes que pagamos los costos en que incurre el sistema judicial en ese procedimiento, y cuando se trata de defensa pública penal, el impacto es mayor.
En este orden de ideas, se debería medir la eficiencia de un fiscal con base en resultados, evaluando la cantidad de casos resueltos de conformidad con una política criminal bien definida. Si un fiscal tiene cien casos y sabe que solo tiene la capacidad de llevar cinco de esos casos a juicio, buscará resolver todos sus casos mediante la negociación con la defensa para que lleguen a juicio solo aquel pequeño porcentaje de casos que la defensa no acepte o que las condiciones no permitan una negociación. Esto obliga al fiscal a tener investigaciones convincentes, porque si la defensa no acepta una negociación, deberá realizarse todo el proceso. Llamo a esta propuesta 95-5, para resaltar que el 95% de los casos deberían negociarse y solo el 5% debería llegar a juicio. El porcentaje de casos negociados puede aumentar, pero no disminuir porque sobrecargaría al sistema judicial, que es problema que desea corregirse.
En la ley tenemos una gran limitante porque el procedimiento abreviado solo aplica para delitos en los que el Ministerio Público estima una pena de cinco años de prisión o menor. Debe modificarse la normativa procesal penal para ampliar las facultades del ente encargado de la persecución penal y poder negociar con la defensa un procedimiento abreviado para delitos más graves. Tenemos otras medidas desjudicializadoras para delitos menos graves como el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal y la conversión, que deben emplearse con mayor frecuencia.
Propongo que la estrategia 95-5 inspire los cambios necesarios en la legislación. Ya existen varias iniciativas en el Congreso, pero son propuestas que pretenden colocar parches, buscan aliviar los síntomas de la enfermedad que padece nuestro sistema de justicia penal sin atacar una de las causas más importantes: la errónea concepción de los fiscales de que todos los casos deben ser llevados a juicio.
