Jimmy Morales botó la careta al final de su mandato y no sólo resultó ser corrupto y ladrón, sino además mañoso, como lo demuestra el hecho de la sociedad anónima que conformó con sus parientes y con un empleado de la SAAS que resultó ser parte de un grupo que recibió dinero público para empezar a producir el tabaco que comercializará la empresa, conformada en el último año y cuya escritura constitutiva fue suscrita por un abogado a sueldo del Estado y cuyo contador es, para variar, otro que devenga jugosos salarios en la burocracia nacional, según el Grupo de Investigación Contra la Impunidad en Guatemala.
Con razón el hermano de quien fuera Presidente se encabritó el 14 de enero cuando le preguntaron de la sociedad y arremetió contra una periodista que le pedía detalles de la misma. No quiso hablar ni dar explicaciones de los objetivos de la sociedad cuyo giro de negocios se produce gracias a un aporte que el mismo Estado hizo a una asociación civil, que logró dinero no sólo para aprender la siembra del tabaco, sino que también usó el dinero para los insumos necesarios para realizar la producción. El ex SAAS se convirtió en socio porque es parte de la entidad que recibió esos dineros para arrancar el negocio.
Y estamos hablando nada más de una de las cuestiones relacionadas con los negocios presidenciales, investigada por un grupo de personas que persiste en la lucha contra la impunidad en Guatemala y que, sin los recursos que tiene el Ministerio Público, adelantó un trabajo de mucha trascendencia pero que, además, fue indispensable dado que la Fiscal General ha demostrado que no moverá un dedo para investigar ni siquiera algo tan obvio como el famoso almuerzo en Jalapa donde, entre tragos y gallina con loroco, Morales se atragantó hablando de más con los supuestos narcos del Cártel de Sinaloa que eran, para su desgracia, agentes de la DEA que tomaron debida nota de lo bien dispuesto que estaba el Presidente de la República de Guatemala para ayudar y facilitar el trasiego de droga por el territorio mediante convenientes acuerdos.
De no ser por el trabajo del GICIG, el asunto pasa de noche porque ya sabemos cuál es la decisión de la eterna vigilante que es sumamente ágil para enderezar acciones en contra de los enemigos de sus amigos, pero absolutamente paralítica para el cumplimiento de su deber constitucional de realizar las investigaciones y emprender la acción penal para la persecución del delito, usando los “tiempos procesales” como su nuevo escudo.
