El tema del financiamiento electoral sigue siendo central en el futuro de nuestras aspiraciones democráticas porque está más que demostrado que quien pone el dinero para sufragar los gastos de la campaña termina haciendo una muy rentable inversión porque en todo el mundo ese dinero abre espacios para garantizar, por lo menos, privilegios que puede otorgar el Estado, aunque, en muchos casos, el asunto va más allá porque hasta se puede participar en la piñata que se hace con los fondos públicos.
Por ello es que hay quienes proponen despenalizar el financiamiento electoral diciendo que se trata de una forma de “participación ciudadana en la política” y que todo mundo tiene derecho a hacer aportes y participar de la fiesta. Por supuesto que todos pueden aportar dinero, pero lo que no se vale es hacerlo bajo la mesa y en cantidades que sirven para comprar el alma que muchos están dispuestos a entregarle al diablo con tal de disponer de suficientes medios para garantizar su triunfo. La democratización y la participación ciudadana no puede convertirse en moneda de cambio sin corromper al sistema, puesto que lo mismo el activista que se mete a una campaña para conseguir hueso en el Estado que el financista que quiere tener bajo la suela al Presidente, se está procediendo de una forma en la que no se fortalece la democracia.
La escandalosa forma en que se corrompió nuestra política tiene mucho que ver con la forma en que se financian las campañas políticas. No es casualidad que exista un monopolio de la televisión abierta porque en 1986 se produjo el triunfo presidencial de Vinicio Cerezo gracias al sólido apoyo que recibió de los canales 3 y 7, los que luego adquirieron el 11 y el 13 para constituir un emporio que se mantiene gracias a las garantías otorgadas por concesiones gratuitas y prácticamente perpetuas, que han ido recibiendo gracias al buen ojo que han tenido para ir apoyando distintas candidaturas a las que regalan espacios publicitarios a manos llenas.
Hoy mismo el Tribunal Supremo Electoral, que ni siquiera al final de su mandato quiere lavarse la cara, aunque sea un poquito, entretiene los procesos de cancelación de los partidos que ocultaron sus fuentes de financiamiento porque los magistrados no llegaron libres de compromisos ni para hacer cumplir la ley sino para proteger y alentar a ciertos grupos que tuvieron que ver, y mucho, con su elección.
Y cuando se hagan las auditorías de la campaña que recién terminó se encontrarán sorprendentes datos que, posiblemente, queden en el ya conocido secreto porque de ventilarse como deben, provocarían un sonoro terremoto en nuestro podrido sistema. El pago de asesores de campaña, por ejemplo, es algo que generalmente no pasa por el radar del TSE, no sólo porque siendo extranjeros pueden cobrar sin rendición de cuentas locales, sino porque si no se registra el gasto no hay necesidad de registrar el aporte que permitió cubrirlo.
La consolidación de la democracia es imposible sin castigar, debidamente, el financiamiento electoral no registrado que en no pocos casos es un soborno anticipado que se da a los que llegan al poder.
