Emilio Matta Saravia
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¿Cuántas tragedias más tendrán que ocurrir en Guatemala para que nuestras autoridades actúen con todo el peso de la ley ante los propietarios de unidades y conductores del transporte pesado y transporte público urbano y extraurbano? ¿Cuántos muertos más y cuántas familias de luto por la necedad de un grupo de negligentes?
Desde hace varios meses se ha buscado implementar en Guatemala un limitador de velocidad que, como el nombre lo indica, limite a un máximo de 80 kilómetros por hora la velocidad de los transportes de carga a partir de las 3.5 toneladas y de los vehículos de transporte público a partir de los 12 pasajeros. Sin embargo, las negativas del sector no se hicieron esperar, amenazando inclusive con ir al paro, en caso cobrara vigencia la normativa respectiva. Las plañideras excusas de los representantes de las distintas gremiales del sector transportista, iban desde estar en contra por ser un “negocio” corrupto el instalar los limitadores de velocidad, hasta lloriquear que se les “sataniza” cuando van a trabajar.
El trágico accidente ocurrido el 21 de diciembre en Gualán, Zacapa, que lleva cobradas 22 vidas humanas a la fecha, desvirtúa todos y cada uno de los endebles y lamentables argumentos empleados por los dirigentes de las gremiales de los transportistas para no acatar dichas medidas. El piloto del tráiler que chocó al bus pullman en Gualán es un asesino. Y el sector entero que ha protestado y se ha rehusado a que le limiten la velocidad es cómplice. Basta con salir a una carretera, elija usted cualquiera de nuestro país, y podrá apreciar con total claridad, la conducta asesina que exhiben los pilotos del transporte urbano, extraurbano y de carga: rebasan en curva cuando la carretera es de un carril, conducen en sentido contrario o donde caminan los peatones cuando hay colas por reparaciones en las carreteras, conducen en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, entre un larguísimo etcétera, mientras que las autoridades de tránsito son incapaces siquiera de llamarles la atención.
Cada vez que hay un accidente de tránsito que involucra a una unidad de transporte urbano, extraurbano o de carga, salen los dirigentes gremiales y dueños de las unidades eludiendo toda su responsabilidad en el mismo, indicando que el “gerente” de la unidad (o sea el piloto que ellos mismos contrataron y que la norma es que no llene ni los requisitos mínimos para conducir un vehículo de dichas características, a sabiendas del propietario de la unidad), fue quien tomó la decisión y causó el accidente. En resumen, un sector incapaz de aceptar su harta responsabilidad en los accidentes que causan y en las vidas que han segado (y lo siguen haciendo) con su temeridad e impertinencia.
Para detener de una vez por todas el flagelo que el transporte urbano, extraurbano y de carga causa en nuestras carreteras, el gobierno debe actuar con total firmeza, no solo con los pilotos que causan tanto accidente y tanta muerte, sino que también con los propietarios de las unidades, quienes deben tener responsabilidad penal sobre los daños que causen sus unidades.
