Ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo la formal designación pública de Alejandro Sinibaldi como persona corrupta de acuerdo a las estipulaciones de la legislación norteamericana en política exterior. El anuncio afirma que dada la vinculación del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en corrupción significativa, se le prohíbe entrar a Estados Unidos y lo mismo se aplica para su familia inmediata.
En el comunicado oficial del Departamento de Estado se afirma que con ello se está enviando un mensaje sobre el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en Guatemala y globalmente, lo que tiene que entenderse en términos de que las mismas acciones se seguirán tomando contra aquellas personas involucradas en la corrupción que constituye el vicio más notable de nuestro deteriorado sistema político y que no alcanza únicamente a funcionarios públicos, sino también a particulares que han sido los socios de los políticos en la deleznable cooptación y captura del Estado guatemalteco.
En otras palabras, no basta con huir y esconderse de la justicia guatemalteca ni tampoco será suficiente que puedan sobornar a nuestros jueces o beneficiarse del viciado Sistema de Justicia, puesto que en Estados Unidos están poniendo énfasis en aquellas famosas listas de personas indeseables que no solo no podrán entrar a ese país sino que, además, se verán impedidos de realizar negocios y transacciones con empresas norteamericanas. Y por supuesto que eso pesa más para muchos que una condena de cárcel en las prisiones VIP que se empezaron a habilitar luego que los más cabezones fueron cayendo en prisión por su participación en el saqueo de los recursos públicos y en la acumulación de beneficios como producto del control que los políticos sucios y sus socios en el sector privado, fueron adquiriendo hasta tener sometido por completo a todo nuestro Sistema Judicial, Legislativo y Ejecutivo para que todo sirva a sus particulares intereses.
Y con esto es bueno que los pícaros piensen en el daño que con sus acciones le causan no solo al país sino a sus mismas familias, puesto que el baldón producto de la relación con una persona designada oficialmente como corrupta por el Departamento de Estado alcanza al entorno familiar. Por mucho que en las épocas de bonanza se aplaudan las acciones de quienes se dedican al latrocinio, resulta que tarde o temprano les cae la viga a todos los que pudieron beneficiarse de la riqueza mal habida o aún a aquellos que no recibieron ningún beneficio directo, pero simplemente por la estrecha relación de familia se ven sancionados no únicamente con la prohibición para visitar Estados Unidos, sino también para realizar cualquier tipo de negocio en ese país o con empresas norteamericanas.
La Congresista Norma Torres ha logrado que se aprueben resoluciones legales para sancionar a los que aparezcan en los listados de corruptos que, por mandato de la misma ley, tiene que hacer el Departamento de Estado. La elaboración de las listas, como se ve con el caso de Sinibaldi, no depende de condenas judiciales sino simplemente de las evidencias públicas.
