Es obvio que las autoridades de migración de Estados Unidos están midiendo hasta dónde llega la tolerancia de la Corte de Constitucionalidad y la del Ministerio Público respecto a la debida ejecución de las sentencias y resoluciones de la CC y por ello es que están enviando, por ahora con cuentagotas, a ciudadanos de otros países centroamericanos que habían aplicado para asilo y en aplicación del concepto de Tercer País Seguro que entrañan los acuerdos migratorios suscritos por Enrique Degenhart en nombre de Guatemala y que no han sido debidamente ratificados por el Congreso de la República.
Y es que el gobierno, con todo y el absoluto respaldo que tiene de una mayoría de diputados que son parte del Pacto de Corruptos, no se atreve a enviar el Acuerdo para que sea aprobado por el Congreso porque saben que será difícil reunir los votos necesarios y, en contubernio con la Casa Blanca, cuyo asesor aseguró que según los abogados de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala no hacía falta tramitar la ratificación del Congreso, están enviando refugiados de vuelta a un Tercer País Seguro, en este caso el nuestro, para enredarles el trámite y de esa manera acabar con la migración que pretende acogerse al carácter humanitario del asilo o refugio.
Los excancilleres de la República que presentaron la acción original en contra del Acuerdo por su falta de aprobación por el Congreso han accionado nuevamente ante la evidencia concreta y absoluta de que se están burlando de lo dispuesto por la misma Corte de Constitucionalidad, pero es obvio que se está incurriendo en abuso de poder y por lo tanto hay un delito, además de la flagrante desobediencia a la CC, por lo que el Ministerio Público no puede quedarse en la eterna actitud vigilante y está obligado a actuar en contra de los que están facilitando la transgresión legal, empezando por el mismo Presidente de la República, la Canciller, el Ministro de Gobernación y las autoridades de Migración que están recibiendo a esos inmigrantes centroamericanos con base en un acuerdo que no ha cumplido con todos los pases de ley.
El tanteo que está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, enviando pequeñas cantidades de refugiados centroamericanos es intolerable de acuerdo a nuestro ordenamiento legal y no se puede permitir que sigan burlándose de nuestra frágil o inexistente legalidad. Pero el remedio está en la acción que deben tomar tanto el Ministerio Público como la misma CC para forzar al debido cumplimiento de las normativas.
