Por Jorge Santos
Hace dos semanas dieron inicio las audiencias de primera declaración de los militares en situación de retiro Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas y César Noguera, acusados de los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada. Delitos cometidos en su rol de jefes del Estado Mayor de la Defensa, Dirección de Inteligencia Militar y Jefe de Operaciones del Ejército durante el período de 1978 a 1982.
Todos estos delitos de Lesa Humanidad, perpetrados contra la población Maya Ixil, en tres municipios del norte del Quiché, Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, se dieron a partir del diseño de una muy bien delineada planificación e implementación de acciones encaminadas a eliminar por un lado las históricas demandas de tierra y vida digna de las y los pobladores, así como eliminar la base social y posible respaldo al movimiento revolucionario en auge por aquellas fechas.
Al final de dicho período el saldo negativo para los pueblos fue ejecuciones extrajudiciales, masacres, malos tratos, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, desaparición forzada, despojo de sus tierras, comunidades, desplazamiento forzado, persecución, violencia sexual, esclavitud, rompimiento del tejido social, muerte, terror y violencia. Todos estos hechos se dieron el marco del Conflicto Armado Interno y con el único objetivo de preservar el statu quo y garantizar los privilegios de una pequeña, pero deshumanizada elite económica.
En aquellos infaustos años todos los poderes del Estado se alinearon para contribuir con la dictadura militar servil de la oligarquía guatemalteca y aunque mayoritariamente la institución armada desangró este país a más no poder, miembros de la elite política y económica, participaron, se organizaron, financiaron e impulsaron el baño de sangre que quedó claramente plasmado en el Informe de Guatemala Nunca Más (Remhi, 1998), como en el Informe Guatemala: Memorias del Silencio (CEH, 1999).
En cada una de las audiencias se va detallando por parte del Ministerio Público los hechos y las pruebas del genocidio y de los delitos de lesa humanidad realizados por autoridades militares de aquel entonces. Resalta a lo largo de las presentaciones como los poderes del Estado se fueron desvaneciendo, frente a los designios de las hordas militares. Esto quiere decir que no existía un verdadero Sistema de Justicia que protegiera y se enfrentará al abuso de poder; no existía un poder legislativo que velara por los intereses populares, más bien estos poderes se acoplaron rápidamente a convertirse también en meros sirvientes.
Hoy 41 años después de haber dado inicio a la política de tierra arrasada, las víctimas y sus familiares pueden frente a juez competente volver a demostrar la responsabilidad de estos militares en los delitos de Genocidio, Deberes contra Humanidad y Desaparición Forzada. En la actualidad, Guatemala esta en un proceso de retroceso democrático y por ende, va consolidándose la posibilidad de que dictatorzuelos pretendan profundizar el ya deteriorado escenario, con posibilidades de que al no solucionar la impunidad en el pasado, menos posibilidades tenemos de erradicar la impunidad del presente.
